La Comisión Europea ha pedido este miércoles a España que recupere las ayudas ilegales concedidas al sector naval español a través del sistema de bonificaciones fiscales del tax lease entre 2007 y 2011.
Bruselas ha accedido a que no se exija esa devolución ni a los astilleros ni a los armadores, beneficiarios últimos del enrevesado sistema fiscal montado por España, sino a los inversores que actuaron como intermediarios y financiaron la construcción de los buques a cambio, eso sí, de jugosas desgravaciones fiscales.
En su mayoría se trata de grandes empresas españolas, muchas de ellas del Ibex 35.
La decisión final se ha adoptado después de que el comisario de Industria, Antonio Tajani, levantara su reserva, según han informado fuentes comunitarias citadas por Europa Press.
El comisario italiano ha sido el principal aliado del Gobierno español en este expediente y ha reclamado hasta el último momento que sólo se devolvieran las ayudas posteriores a 2009.
La presión del Gobierno español ha conseguido suavizar en cierta medida la propuesta inicial de sanción del vicepresidente y responsable de Competencia de la Comisión Europea, el español Joaquín Almunia, que exigía la devolución de las ayudas desde 2005, pero queda lejos de las aspiraciones de España.
El ministro de Industria, José Manuel Soria, pidió la semana pasada limitar el reembolso a las bonificaciones concedidas después de 2011, fecha en que Bruselas empezó a investigar el sistema español. Los astilleros ya han dicho que la decisión pone en riesgo 87.000 puestos de trabajo y condena al sector a desaparecer.
Finalmente, el criterio utilizado por Bruselas ha sido exigir la devolución de las ayudas desde el mismo momento en que se exigieron a Francia (año 2007), que también había montado una estructura de incentivos fiscales similar al tax lease español que fue declarada ilegal por la UE.Una factura de 2.000 millones de euros
La Comisión no ha precisado la cifra total de ayudas que deben reembolsarse. El ministro de Industria, José Manuel Soria, dijo la semana pasada que las subvenciones a recuperar superarían los 2.000 millones de euros, aunque en aquel momento todavía se hablaba de 2005.
El comisario europeo de Competencia, el español Joaquín Almunia, ha detallado este miécoles que corresponderá a las autoridades españolas no sólo calcular el importe total que procede devolver en función de la resolución europea, sino también el modo en que se va a hacer y los plazos.
Eso sí, en virtud de la decisión de Bruselas, los beneficiarios de la bonificaciones "no pueden repercutir su obligación de reembolso sobre terceros (como los propios astilleros), incluso mediante la aplicación de contratos existentes".
El Ejecutivo comunitario considera que el régimen de ayudas español -que se puso en marcha en 2002 y nunca se notificó a Bruselas- vulnera las normas de la UE sobre ayudas públicas porque concedió una "ventaja selectiva" a sus beneficiarios respecto a los rivales.
Atendiendo al "principio de seguridad jurídica", la Comisión ha decidido no pedir el reembolso de las ayudas concedidas entre 2002 y abril de 2007, fecha en la cual Bruselas ha declarado públicamente ilegal un sistema francés similar al español.
Buscando la parte buena de esta mala noticia, el Estado ingresará 2.000 millones de euros no previstos que le servirán para aliviar su batalla contra el déficit público.
Hasta que la Comisión Europea no revela la letra pequeña de su resolución no se sabrá ni la forma ni el plazo en que se deberá formalizar la devolución de estas ayudas.
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