Las Palmas de Gran Canaria, 20 oct.- La Asamblea General de La Caja de Canarias ha acordado hoy reducir a menos de la tercera parte el número de miembros que la forman -de 160 a 52- y que no pueda tener esa condición ningún cargo político electo.
La Asamblea de la Caja Insular ha aprobado esta noche en sesión ordinaria la reforma de sus estatutos y de su reglamento electoral para adaptarse a la nueva Ley de Cajas de Ahorros de Canarias y a las circunstancias que plantea su integración en Bankia (el sistema institucional de protección que lidera Caja Madrid).
Una de las principales novedades de la reforma es la reducción del número de componentes de los órganos de gobierno.
Así, la Asamblea pasa de 160 a 52 miembros; el Consejo de Administración, de 17 a 13; la Comisión de la Obra Social, de nueve a cinco; y desaparecen las comisiones Ejecutiva y de Auditoría.
En cambio, la Comisión de Control incrementa en una persona su número de miembros, al pasar de nueve a diez.
En un comunicado, La Caja explica que esta nueva estructura "responde a una racionalización del gasto", que también se reflejará en un menor número de reuniones al año de sus órganos rectores.
Otra de las novedades es la incorporación a los órganos de gobierno de La Caja de nuevas entidades de reconocido prestigio, además de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Cámara de Comercio de Gran Canaria.
A esos dos organismos se suman la Cruz Roja Española, el Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria y la Federación de Vela Latina Canaria, "instituciones que destacan por su labor en el ámbito social, cultural y deportivo", apunta la entidad de ahorro.
En la nueva Asamblea General de 52 miembros, habrá 21 representantes de administraciones o entidades públicas, que no pueden ser cargos políticos electos ni ocupar altos cargos públicos.
De esos 21 miembros, ocho corresponden a los ayuntamientos, cinco al Cabildo de Gran Canaria como entidad fundadora, cinco a otros cabildos, uno a la Cámara de Comercio de Gran Canaria, otro a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y, como novedad, uno al Parlamento autonómico.
En la nueva composición de la Asamblea, que aún debe recibir el visto bueno de la Consejería de Economía del Gobierno canario, el sector privado será mayoría sobre el público, con el 60 por ciento.
El grupo más numeroso en el sector privado lo constituye el de los impositores, que tendrán 23 asientos en la Asamblea.
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