"El personal directivo será funcionario de carrera del subgrupo A1 y, con carácter excepcional, se podrán cubrir dichos puestos en régimen laboral mediante contratos de alta dirección". La ley de 2013 que regula la creación y el funcionamiento de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dejó sentado que las principales posiciones directivas del organismo encargado de vigilar el adecuado funcionamiento de los mercados en España habrían de ser ocupados por trabajadores de la Función Pública y que sólo en casos excepcionales éstos podrían ser ocupados por personas ajenas a la carrera funcionarial, replicando en la autoridad independiente de control de la competencia el esquema que se impuso también su día para la Administración Central del Estado.
La norma impuso a la CNMC un patrón de conducta garantista, en la medida en que reservaba el ejercicio de las potestadas y funciones públicas a servidores públicos de carrera, pero a la vez estableció un límite a la hora de que el organismo pudiera configurar su propio equipo directivo. Fuentes de Competencia reconocen que con la perspectiva del tiempo la disposición ha generado más problemas de los que ha resuelto, ya que ha restringido el acceso a puestos de responsabilidad al personal laboral, que supone más del 60% de la plantilla del organismo y que es singularmente mayoritario "en las direcciones de sectores regulados".
El Gobierno está dispuesto a modificar ese controvertido régimen laboral y ha aprovechado el trámite de enmiendas al proyecto de ley que transpondrá la directiva europea en materia de competencia y blanqueo de capitales para plantear la modificación de la Ley de Creación de la CNMC en orden a derogar el carácter 'excepcional' de los nombramientos de personal laboral - no funcionario - como directivos del organismo y dar así más margen de maniobra al equipo de Cani Fernández para seleccionar a los futuros directivos del organismo sin tener que dar prioridad a los procedentes de los cuerpos superiores d ela Administración.
La propuesta asume el discurso de la CNMC respecto a que estas diferencias entre funcionarios y laborales solo han logrado incrementar la complejidad de la gestión de personal del organismo, consolidando un doble régimen laboral , multiplicando las clasificaciones profesionales y las escalas retributivas - con los problemas que ello genera -, obligando a reconocer complementos más altos a los funcionarios respecto a los laborales y como consecuencia de todo ello disparando la conflictividad laboral a nivel interno con multitud de demandas judiciales especialmente por parte del personal laboral.
Del otro lado de la balanza, las reivindicaciones de los cuerpos superiores de la Administración, que defienden desde hace años que dentro de la Función Pública hay el talento y la capacidad suficiente como para desempeñar los puestos directivos vinculados al ejercicio de las potestades públicas y que defienden el carácter excepcional del recurso a 'externos' para desempeñar estos trabajos. Una cruzada que les ha llevado incluso a llevar al Supremo los nombramientos masivos de directores generales no funcionarios por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.
El proceso de renovación de la CNMC
La maniobra de los grupos políticos que configuran el Gobierno de coalición de las izquierdas en el Congreso, Grupo Socialista y Unidas Podemos, se produce además en pleno proceso de renovación interna en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Poco más de un año después de la llegada a la Presidencia de Cani Fernández, tres de las cuatro direcciones de área de la CNMC han cambiado de titular y de hecho de la época de Marín Quemada sólo queda la directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual, Alejandra de Iturriaga.
Los cambios, además, han supuesto la sustitución de directores que venían de cuerpos superiores de la Administración por otros ajenos a la carrera funcionarial. En la Dirección de Competencia, clave en el funcionamiento de la CNMC, la técnico comercial del Estado Beatriz de Guindos ha dejado su lugar a Marisa Tierno, con experiencia en la Dirección de Competencia de la Comisión y en la autoridad holandesa de competencia pero sin el pedigrí de la pertenencia a uno de los cuerpos superiores de la Administración del Estado; algo que también ha ocurrido en la Dirección de Energía, ocupada ahora por María Jesús Martín, procedente del sector privado.
Pero detrás de esa primera línea hay cerca de una treintena de puestos directivos en las diferentes direcciones de área que hoy son ocupados mayoritariamente por funcionarios y que con la modificación normativa que se tramita en el Congreso podrían ser susceptibles de ser ocupados por laborales. Fuentes de la CNMC enmarcan esa posibilidad en la más absoluta normalidad. "Lo que se pretende es que los puestos directivos puedan ser ocupados por personal laboral o funcionario, pero dando a la CNMC la posiblidad de elegir al mejor para cada puesto".
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