Guatemala, 17 jun.- Alrededor de 2.000 campesinos de un municipio del departamento (provincia) de Guatemala marcharon hoy por la capital del país centroamericano para manifestarse en contra de la construcción de una cementera y de una carretera regional.
Los manifestantes, representantes de 12 comunidades del municipio de San Juan Sacatepéquez (a unos 30 kilómetros al noroeste de la capital del país), caminaron desde el sur de la ciudad hasta el centro de la misma para exigir que se cumplan sus demandas, según constató Efe.
Las 12 comunidades de San Juan Sacatepéquez luchan desde hace casi ocho años en contra la instalación de una fábrica cementera en su poblado, una obra que según afirman fue rechazada en votación consultiva por la mayoría de los vecinos.
Los pobladores, en su mayoría campesinos indígenas dedicados al cultivo de flores y hortalizas, protestan por la instalación de la fábrica por considerar que la misma contaminará el agua y afectará sus cultivos.
Los manifestantes también se oponen a la construcción de un tramo carretero que unirá la carretera Interamericana con la ruta rumbo a la costa del Océano Atlántico de Guatemala.
La construcción de la cementera, a cargo de la empresa guatemalteca Cementos Progreso, empezó en julio de 2013 y tiene una inversión de alrededor de 720 millones de dólares, de acuerdo a medios locales.
Los representantes de las 12 comunidades marcharon por el centro de la Ciudad de Guatemala e hicieron paradas en instituciones específicas para solicitar el cumplimiento de sus demandas.
Los manifestantes se detuvieron en la Corte Suprema de Justicia, donde colocaron un recurso legal en contra del ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, a quien señalan de no consultarles con respecto al tramo carretero.
También entregaron peticiones en el Ministerio Público, el Parlamento de Guatemala y la Casa Presidencial, donde demandaron con consignas "una vivienda digna" y el "el respeto al derecho de producir".
Ante la ausencia del presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, en la Casa Presidencial, los manifestantes fueron atendidos por una comisión presidencial que escuchó sus demandas.
Por su parte, la empresa Cementos Progreso indicó mediante un comunicado difundido esta tarde que "rechaza enérgicamente los falsos señalamientos" que se les imputan y que estos tienen "el propósito de confundir y engañar tanto a los pobladores de las comunidades como a la opinión pública".
El comunicado precisó que para la construcción de la carretera regional se compraron los terrenos "a sus legítimos propietarios" y que quienes "irracionalmente se oponen a este proyecto del Gobierno pretenden dejar incomunicados a cerca de 600.000 personas que hoy se encuentran aisladas del desarrollo económico".
La empresa cementera también aseguró que el proyecto en San Juan Sacatepéquez le da trabajo a 1.200 personas, incluidas 750 de las comunidades aledañas, y describió como "totalmente infundados los temores" con respecto a que acabarán con las fuentes de agua.
El 28 de mayo pasado, la portavoz de las comunidades, Isabel Turuy, denunció en Madrid la "criminalización" de la protesta social en Guatemala durante una gira por varios países, donde se reunió con representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), entre otros funcionarios.
Turuy señaló en el país europeo que "la cementera está destruyendo la red social" de las comunidades, y que supone "una amenaza para la agricultura", modo de subsistencia de cerca del 80 por ciento de su población.
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