Candidato de centroizquierda costarricense apoya unión a Alianza del Pacífico

San José, 19 feb.- El candidato presidencial costarricense Luis Guillermo Solís, del centroizquierdista PAC, expuso hoy ante empresarios sus planes en las áreas de comercio y la energía y expresó su apoyo a la adhesión a la Alianza del Pacífico, aunque insistió en su posición de no firmar más tratados comerciales.

Sobre la Alianza del Pacífico, dijo que apoyo la futura inclusión de Costa Rica a ese foro comercial integrado por Chile, Perú, México y Colombia, pero pidió que el Gobierno actual exponga todos los alcances de la adhesión.

Solís se reunió con los representantes de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco) para conversar de temas como los tratados de libre comercio y la Alianza del Pacífico.

Solís enfrentará el próximo 6 de abril al aspirante del gobernante Partido Liberación Nacional (PLN), Johnny Araya, en una segunda ronda electoral que definirá quién presidirá el país a partir del 8 de mayo para un periodo de cuatro años.

El aspirante presidencial reiteró su posición de no firmar más tratados comerciales en un eventual Gobierno suyo y conducir los esfuerzos hacia un mejor aprovechamiento de los que Costa Rica ya tiene vigentes.

"No hay necesidad de seguir firmando tratados antes de aprovechar los que tenemos", expresó Solís.

El candidato conoció la posición de Cadexco sobre lo que necesita el sector exportador para un mayor dinamismo y dijo coincidir en un 95 % con sus planteamientos.

Entre los puntos urgentes señalados por los exportadores se encuentra la reducción de los trámites burocráticos que impiden un mayor dinamismo comercial, la mejora en la infraestructura vial y portuaria, así como la seguridad.

El único punto en el que el aspirante presidencial difiere con los exportadores es el de la apertura del mercado eléctrico para una libre participación de empresas privadas en la generación.

Solís es de la tesis de que se debe fortalecer el estatal Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y mantener la ley actual que permite que actores privados generen como máximo el 15 % de la energía que demanda el país.