Caso gürtel. La exconcejala de obras de pozuelo asegura al juez ruz que sepúlveda ordenó dejar de contratar con las empresas de correa en 2005

La exconcejala de Obras del Ayuntamiento de Pozuelo, Yolanda Estrada, aseguró hoy ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que Jesús Sepúlveda cambió el sistema de contratación en el Ayuntamiento cuando asumió la alcaldía y dio la orden de dejar de contratar con las empresas de Francisco Correa a partir de 2005.
Según Estrada, que declaró hoy como testigo, Sepúlveda dio esa orden después de tener conocimiento de que Correa “se jactaba” de controlar las adjudicaciones en varios ayuntamientos de la Comunidad de Madrid.
Ruz recibió esta semana un informe de la Agencia Tributaria sobre el exalcalde de Pozuelo y exmarido de la ministra de Sanidad, Ana Mato, en el que se estima que, pese a haber recibido más de 637.000 euros en dinero y en regalos entre los años 2000 y 2005, no incurrió en un delito fiscal, puesto que lo defraudado no llega a los 120.000 euros que establece la ley.
Yolanda Estrada, que declaró hoy como testigo pero había estado también imputada en el caso hasta 2011, explicó al juez que desde el año 2005 la contratación con las empresas de Correa se redujo a adjudicaciones “menores” de servicios externalizados.
Relató, por ejemplo, que Isabel Jordán, administradora de varias empresas de la trama Gürtel, concurrió a un concurso con la empresa Down Town, presentándola como desvinculada del grupo de Correa. Pese a ello, el Ayuntamiento no le adjudicó el contrato.
Tampoco contrató con ninguna empresa de la trama proyectos como el de la construcción del parque Arroyo de las Cárcavas, terminado en 2007 y realizado de acuerdo a un proyecto que costó 10 millones de euros, un 80% más del presupuesto inicial.
La Operación Asfalto de 2004 en la localidad madrileña, con un coste de un millón de euros, o la concesión de la Oficina de Atención al Cliente tampoco fueron adjudicadas a empresas de la trama de Correa.
Hoy también declaró Carmen García Moreno, que gestionaba una sociedad pantalla de la red y que compareció en calidad de imputada. Aseguró al juez que todas las facturas que libró su empresa se corresponden con servicios prestados, aunque no pudo dar detalles concretos de las facturas por las que fue interrogada.
Aunque también estaba llamado a declarar, Roberto Fernández Rodríguez, exconcejal de Hacienda del Ayuntamiento, no compareció en la Audiencia Nacional ni envió ninguna comunicación al juez para disculpar su asusencia.
Fernández Rodríguez, que ocupó la Concejalía de Hacienda entre los años 2003 y 2007, declaró como testigo ante Ruz el 25 de abril de 2013. Entonces denunció que había sufrido el robo de un ordenador en el que guardaba correos electrónicos sobre supuestos favores que el exalcalde habría hecho a los miembros de la trama.
El responsable del Juzgado Central de Instrucción número 5 quería preguntarle por su "posible intervención" en los delitos investigados en la causa. Según la Fiscalía, el exedil "habría firmado por delegación del alcalde" distintas contrataciones cuya regularidad es objeto de investigación.
Además, habría sido hasta enero de 2005 "el encargado de autorizar, aprobar y dar la conformidad a pagos de determinados servicios gestionados por el Ayuntamiento", entre ellos los referidos a la "compra de mobiliario por distintas concejalías". Algunos de estos pagos, según el auto, "podrían haber sido divididos artificialmente con el fin de reducir su importe y eludir el correspondiente procedimiento de contratación".
El exedil, que también denunció que había sufrido amenazas de muerte durante la instrucción del caso, dejó plantado el 2 de abril de 2013 al juez Ruz argumentando que no tenía recursos para pagarse el desplazamiento desde Galicia, donde residía. El magistrado le había citado a declarar después de que éste llamara a la Audiencia Nacional para anunciar que quería aportar documentación sobre la causa y después se arrepintiera y se negara a declarar ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).