Cataluña aprueba el impuesto para los pisos vacíos en manos de los bancos

Barcelona, 15 jul.- El gobierno catalán ha aprobado hoy el proyecto de ley que crea el impuesto para los pisos vacíos que se encuentran en manos de entidades financieras y que se calcula afectará a unas 15.000 viviendas situadas en 72 municipios catalanes.

El impuesto, que tiene como objetivo estimular la incorporación al mercado de alquiler de una parte del parque de viviendas vacías que existe en Cataluña y que llega a 80.000, será de entre 850 y 1.650 euros por vivienda y año, y la intención es aplicarlo a partir del año que viene.

Con esta tasa, la Generalitat prevé recaudar un máximo de entre 13 y 25 millones de euros, si no se aplican las bonificaciones que prevé el mismo proyecto de ley.

El conseller de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, ha explicado en la conferencia de prensa posterior a la reunión del Govern que el nuevo gravamen afectará a los pisos que lleven al menos dos años vacíos y que están exentos del impuesto a las personas físicas, las administraciones públicas y las entidades del tercer sector.

El proyecto, que ahora se debatirá en el Parlament, contempla un conjunto de bonificaciones para las entidades financieras en función del número de pisos que vayan poniendo en régimen de alquiler asequible, de manera directa o a través de las entidades del tercer sector o las administraciones públicas.

Santi Vila ha insistido en que este impuesto no tiene "voluntad recaudatoria", sino que sólo pretende ser un estímulo para las entidades financieras.

De hecho, el conseller ha asegurado que el impuesto ya ha tenido efectos positivos, porque la Generalitat ha cerrado convenios con la SAREB (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria también conocida como banco malo), con CaixaBank y con Bankia para que éstos les cedan viviendas para alquiler social.

La Generalitat calcula que en Cataluña existen unas 40.000 viviendas vacías en manos de entidades financieras, de las que unas 15.000 se encuentran en 72 municipios donde se ha acreditado que hay demanda de pisos.

El nuevo impuesto se centrará en estos 15.000 pisos, situados básicamente en el área metropolitana de Barcelona, el Camp de Tarragona y las ciudades de Girona y Lleida.