Cataluña está despertando de su letargo en el desarrollo de energías renovables, pero le queda mucho camino por delante. Los datos de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) la dejan con una potencia solar instalada en plantas de suelo prácticamente residual. Según la patronal, a cierre del curso pasado, tan solo poseía 295 megavatios (MW) de los 19.568 MW que había en todo el país, es decir, el 1,5% sobre total.
La legislación autonómica y las trabas políticas han dificultado el impulso de plantas tanto fotovoltaicas como eólicas. A partir del Decreto Ley 16/2019, de 26 de noviembre, tomó algo de impulso. El texto modificó la Ley de urbanismo con el fin de facilitar la instalación de paneles solares sobre las cubiertas de las construcciones y otros espacios urbanos y también acabó con las limitaciones de superficie y distancia establecidas en el caso de instalaciones fotovoltaicas ubicadas sobre suelo no urbanizable, de tal forma que se eliminó así uno de los principales obstáculos en la implantación de esta tecnología.
Bajo un escenario en el que día sí y otro también se conocen nuevos proyectos renovables, la región también quiere aprovechar la fiebre por las energías 'verdes' y tiene solicitudes de proyectos solares que suman 2.716 MW. Estos ocuparían una superficie de 4.610 hectáreas. En la actualidad, hay 39.136 hectáreas de suelo ocupadas en toda España por plantas solares, de las cuales 590 son en Cataluña. Del total de solicitudes se han autorizado 113 MW de momento, que corresponden a 47 proyectos.
Participación ciudadana
Por su parte, en lo que respecta a energía eólica, la comunidad autónoma gestiona solicitudes por 1.232 MW, lo que supondría levantar 215 aerogeneradores. Ha rechazado 309 MW (53 aerogeneradores) y todavía no hay ninguna solicitud autorizada, según los datos que ofrece la propia Generalitat de Cataluña. A finales de octubre de 2021, el Govern volvió a intentarlo con el Decreto-ley 24/2021. La idea era introducir medidas para lograr una mayor aceptación social al despliegue de plantas renovables, aunque provocó el efecto contrario en los promotores.
Los promotores de proyectos de parques eólicos y plantas solares fotovoltaicas de potencia superior a 5 MW, situados en suelo no urbanizable, deben demostrar la disponibilidad, o compromiso de disponibilidad, de más del 50% de los terrenos agrícolas privados sobre los que se proyecta la instalación. Además, para solicitar la declaración de utilidad pública junto con la autorización administrativa previa y de construcción, y la declaración de impacto ambiental, tienen que acreditar que disponen, como mínimo, de acuerdos con los propietarios del 85% de la superficie privada que se pretenda ocupar con el proyecto.
No obstante, una de las mayores quejas por parte de las empresas es la obligación de presentar una oferta de participación local del 20% de la instalación. De este modo, se tiene que dar oportunidad a personas físicas o jurídicas (públicas o privadas) que habiten en la localidad donde se vaya a construir la instalación o en los municipios limítrofes a esta que pertenezcan a la misma comarca. Así han nacido plataformas como Fundeen, que ayuda a inversores y promotores a desarrollar proyectos relacionados con las energías renovables a través de 'crowdfunding'. Por ejemplo, uno de los proyectos más importantes que gestiona esta empresa es el anunciado con Endesa a principios de este año. Las personas interesadas pueden invertir en el parque eólico Galatea del Alt Empordà (Girona) vía préstamo a la empresa promotora y propietaria del proyecto, Enel Green Power España.
Entre las grandes eléctricas del país, Endesa planea inversiones por 700 millones de euros en implantar nuevas renovables en Cataluña en los próximos cuatro años. Además, Ignis y la alemana IB Vogt están desarrollando las instalaciones fotovoltaicas de Aspilera, Matacán y Escribano con una potencia de 50 MW cada una en los municipios de Bellprat, Sant Martí de Tous, Jorba y Òdena, pertenecientes a la comarca de Anoia (Barcelona), tal y como ha publicado La Información. Por su parte, Greenfield PV, empresa conjunta de Smartenergy y el Grupo Prodiel, construirá la planta llamada Castellfollit, con una potencia de 43,77 MW, en el municipio de Castellfollit del Boix perteneciente a la comarca de Bages (Barcelona).
Por otro lado, la Generalitat se ha lanzado a buscar la independencia energética mediante el autoconsumo y la participación en plantas solares, sobre todo de ámbito local. Ha identificado un potencial de inversión de 300 MW para 2030 a través de la energética pública catalana, constituida a finales de marzo. Según los precios de mercado actuales, esto supondría una inversión de 300 millones de euros, a razón de un millón por MW. El Govern quiere que L'Energètica suministre electricidad renovable a todas las instalaciones públicas de la Generalitat. De este modo, se vuelve a constatar que Cataluña apuesta por una combinación de plantas de pequeña y mediana capacidad con un impacto ambiental y paisajístico limitado, y gran capacidad en aquellas zonas ambiental y agrícolamente compatibles.
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