La CEOE contraataca. La organización que preside Antonio Garamendi ha activado toda la maquinaria interna a su disposición para frenar la agenda laboral de Yolanda Díaz. Desde hace semanas, una legión de expertos de ámbito jurídico y económico, consultores de las 'Big Four' y más de 200 socios de la patronal trabajan intensamente en una contrapropuesta a la reforma que plantea el Ministerio de Trabajo. La redacción del documento se está llevando con la más absoluta discreción para evitar distorsiones externas a la mesa de negociación, pero fuentes conocedoras del contenido avanzan que el objetivo último es limitar la rigidez que quiere imponer la vicepresidenta segunda del Gobierno en el mercado laboral, con una propuesta alineada con las recomendaciones de Bruselas y que no cercene los derechos adquiridos por los empresarios con anteriores reformas.
Lo advertía el propio Garamendi este jueves desde Estocolmo: es el Gobierno el que está poniendo obstáculos para avanzar en el objetivo de lograr un acuerdo tripartito sobre la reforma laboral antes de que acabe el año al plantear medidas que restringen la flexibilidad de las empresas. En Madrid, su número dos, el presidente de Cepyme Gerardo Cuerva, cerraba filas en torno a esta postura: "Eliminar la flexibilidad que ha servido para mejorar el empleo en España no tiene sentido, no podemos quitar la flexibilidad para meter rigidez e intervenir más en las decisiones empresariales. No es el camino", zanjaba tras pedir al Ejecutivo que rectifique sus "extremas posturas" y "se avenga al sentido del mundo de las empresas".
Son varios los planteamientos que el Gobierno -primero el Ministerio de Trabajo y posteriormente también Economía y Seguridad Social- ha introducido en el borrador de la reforma que la patronal rechaza de plano al considerar que merman la adaptabilidad de las empresas en la actual coyuntura y, por ende, su capacidad de crear empleo. Para empezar, el quebranto de la columna vertebral de la reforma de 2012, con la recuperación de la prevalencia del convenio sectorial y de la ultraactividad, las limitaciones a la subcontratación y a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo por parte del empresario. Y después, la rigidez que se quiere introducir en la contratación temporal y en los procesos de ajuste de plantilla, con el restablecimiento de la autorización previa de las autoridades laborales y hasta del Consejo de Ministros en los ERTE pospandemia.
Los expertos: quién es quién
La CEOE ha confiado el análisis del contenido de los borradores del Gobierno y la redacción de una contrapropuesta a un selecto grupo de profesionales: expertos de ámbito jurídico y económico, incluidos abogados laboralistas de los bufetes más prestigiosos del país; asesores de las cuatro grandes consultoras a nivel nacional y mundial (Deloitte, PwC, Ernst & Young y KPMG); miembros de colegios profesionales... y más de 200 responsables de relaciones laborales de empresas asociadas que forman parte de la Comisión de Diálogo Social y Empleo de la CEOE, cuyo cometido es analizar y realizar propuestas a los Órganos de Gobierno acerca de cuestiones de interés para las empresas en materia de negociación colectiva, conflictividad laboral, relaciones laborales, etc., para configurar la posición empresarial ante las Administraciones competentes y en el diálogo social.
Fuentes de la cúpula de la patronal detallan a La Información la configuración de este nutrido grupo de expertos, donde pesa en igual medida la visión tanto de los integrantes de las empresas asociadas como de los miembros de las 'Big Four' y de los reputados laboralistas de despachos como Garrigues o Sagardoy. Un portavoz oficial de la CEOE matiza que no se ha recurrido específicamente a ningún bufete ni a ninguna consultora porque todos están asociados a la confederación empresarial. De hecho, este tipo de contactos son habituales entre la patronal y asesores de alto nivel que, en muchos casos, también son consultados por los propios gobiernos a lo largo del proceso de elaboración de las leyes. Si bien es cierto que en los últimos días los contactos se han intensificado, coincidiendo con la recta final de la negociación de la reforma del marco legislativo laboral.
En cualquier caso, ¿cuál es el cometido de esta comisión interna? El mandato está claro: mitigar las medidas planteadas por el Gobierno en la mesa de negociación que lidera el Ministerio de Trabajo. "El objetivo es limitar la rigidez de la propuesta inicial", revelan fuentes conocedoras de los trabajos que vienen realizando los expertos desde hace semanas. El documento que se está elaborando constituye, en esencia, una contrapropuesta de reforma laboral, alineada con las recomendaciones de la Comisión Europea y diseñada para conservar los derechos empresariales adquiridos con la legislación de 2012. "Habrá acuerdo si el Gobierno renuncia a imponer obstáculos al ajuste empresarial y si no se dan pasos atrás en las reformas que fueron inspiradas por Bruselas", advierten los negociadores de CEOE.
El calendario apremia. La intención inicial del Ejecutivo era cerrar un acuerdo con los agentes sociales, a más tardar, a mediados de noviembre, para tener a norma aprobada en la recta final del año, tal y como se ha comprometido en el Plan de Recuperación. Pero el rechazo de la CEOE, la incorporación a la mesa de negociación de los ministerios de Asuntos Económicos y Seguridad Social y las discrepancias sobre el Mecanismo de Equidad Intergeneracional en materia de pensiones han obstaculizado hasta ahora un acuerdo tripartito. Fuentes de la CEOE avanzan que pondrán su propuesta sobre la mesa próximamente -este mismo viernes hay reunión- y esperan que el Gobierno la tenga en consideración y modifique sus planteamientos. "Solo en ese caso firmaremos", zanjan.
El deadline no es baladí. De la publicación de la norma en el BOE depende el desembolso del segundo tramo de los fondos europeos, el más cuantioso, de casi 14.000 millones de euros. Pero además, como se explicó en estas páginas, Bruselas cortará el grifo de los fondos a España si el Gobierno modifica las reformas comprometidas una vez que estén aprobadas. El reglamento del Plan de Recuperación establece que la Comisión suspenderá los pagos si comprueba que un Estado miembro revoca medidas relacionadas con hitos y objetivos cumplidos anteriormente. Es decir, que si el Consejo de Ministros opta por dar luz verde a la reforma laboral por la vía del Real Decreto-ley para cumplir los plazos establecidos y los grupos parlamentarios solicitan su tramitación como proyecto de ley, en el caso de que se introduzcan modificaciones relevantes en el contenido a posteriori, las autoridades europeas cancelarán las transferencias de dinero en curso.
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