San Andrés (Colombia), 24 sep.- El fallo de la Corte de La Haya que hace casi dos años redefinió la frontera marítima con Nicaragua ha llevado a la Armada colombiana a redoblar la vigilancia en aguas del archipiélago de San Andrés para garantizar la actividad de los pescadores de la zona.
La sentencia ratificó la soberanía de Colombia sobre las islas y siete cayos que forman el departamento de San Andrés y Providencia, enclave turístico de primer orden en el continente, pero otorgó a Nicaragua una porción de mar al este del meridiano 82 que según Bogotá es de 75.000 kilómetros mientras el país centroamericano considera que son 90.000.
Colombia considera que el fallo es "inaplicable" porque los límites del país sólo pueden ser modificados por un tratado internacional aprobado por el Congreso, lo que no ha ocurrido, por lo cual Armada del país sigue patrullando la zona al este del meridiano 82 que desde 1928, por el Tratado Esguerra-Bárcenas, marca el límite con Nicaragua.
Con su presencia en esa zona, la Armada colombiana busca, entre otras cosas, garantizar la soberanía colombiana y consolidar "los derechos históricos de los pescadores de San Andrés y Providencia", ya que esas aguas "son la fuente de vida y la despensa natural" de los habitantes, dijo a Efe el comandante de la Armada en la región, almirante Luis Hernán Espejo.
En opinión del almirante, limitar el acceso de los pescadores a esas aguas en las que trabajan "desde hace siglos, sería poner en riesgo la existencia y la sostenibilidad" de los sanandresanos.
Por tanto, desde 2012 la armada ha multiplicado su presencia con el fin de proteger a los pescadores en caso de que buques militares de países vecinos "les prohíban realizar faenas".
Según explicó Espejo, "hay presencia de unidades de la fuerza naval nicaragüense ejerciendo el libre derecho a la navegación" pero no impiden a los pescadores colombianos su labor cotidiana.
"Los pescadores no tienen que pedir permiso a nadie diferente de la República de Colombia (para trabajar al este del paralelo 82) y para eso está la Armada ahí permanentemente para garantizarles que puedan hacer su pesca con total libertad", añadió a Efe después de un recorrido por las aguas cercanas al archipiélago.
Espejo agregó que desde que él está al frente del Comando Específico de San Andrés y Providencia, al que llegó en 2008, solo se han registrado dos actos en los que buques nicaragüenses han intentado dificultar la faena de los pescadores colombianos.
En esos dos momentos, las fragatas colombianas reaccionaron y tras "una interacción normal pero clara" consolidaron la posición de los pescadores que intentaban trabajar en esa zona, conocida por los locales como Luna Verde.
Desde entonces, con "la sola presencia de los buques de la Armada "ya hay tranquilidad en el área" para los pescadores, agregó.
Sin embargo, los pescadores del archipiélago no están satisfechos con la labor realizada por el Estado colombiano para proteger sus intereses.
El pescador sanandresano Omar Valencia comentó a Efe que tras el fallo de noviembre de 2012 de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, "ya no se puede pescar en las mismas zonas porque hay muchas áreas limitadas".
Valencia, preocupado por su futuro y el de sus hijos, comentó que las aguas en las que pueden pescar son las cercanas a la costa, donde no hay buena pesca.
Carlos Pérez, otro pescador, dijo que hoy no es posible llegar hasta la zona del meridiano 82 porque "las aguas fueron cedidas a Nicaragua" y ahora no tienen otra alternativa que intentar "sobrevivir diariamente para dar de comer a la familia".
"Se ha reducido muchísimo la producción, porque el poco de agua que le quedó a San Andrés son aguas poco profundas donde no hay bancos de peces", añadió.
Según Pérez, ir hasta la zona supone un grave riesgo porque "de pronto puedes pescar de contrabando pero corres el riesgo de perder la vida porque si te cogen ellos (los nicaragüenses) te levantan a tiros".
Sin embargo, para el almirante Espejo estas protestas de los pequeños pescadores se deben a que "el Gobierno les ofreció un subsidio de 1,8 millones de pesos mensuales (unos 900 dólares) porque habían sido damnificados" e intentan justificar esa ayuda.
"Los pescadores artesanales nunca fueron al área de Luna Verde porque esa zona de pesca queda a más de 200 kilómetros de San Andrés", concluyó.
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