Conflicto de YPF hace prever una maraña jurídica de difícil pronóstico

Alejandro Méndez

Buenos Aires, 2 may.- La expropiación de acciones de la petrolera argentina YPF a la española Repsol que aprobará mañana el Congreso argentino hace prever un enmarañado conflicto jurídico de larga duración con un resultado de difícil pronóstico, según expertos argentinos consultados por Efe.

"La expropiación en sí misma no va a ser un proceso sencillo. Por lo general estos procesos son largos y complicados", explicó el experto Bruno Tondini, académico de la Universidad de La Plata y del Centro Argentino de Estudios Internacionales.

El pasado 16 de abril, la presidenta argentina, Cristina Fernández, anunció la intervención de la petrolera YPF y el envío al Congreso de un proyecto de ley para expropiar el 51 por ciento de las acciones del grupo español Repsol en la compañía y de la empresa YPF Gas.

El Gobierno argentino anunció que el Tribunal de Tasación se encargará de fijar el valor de la petrolera, pero adelantó que no pagará los 10.000 millones de dólares reclamados por Repsol como indemnización.

Algunos de los especialistas consultados por Efe apuntaron que los perjuicios de un largo conflicto suelen ser tan grandes que pueden terminar por obligar a las partes a negociar una solución "amistosa", como señala el acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones vigente entre Argentina y España desde 1992.

El acuerdo argentino-español prevé seis meses para la solución "amistosa", que en caso de que no llegara abre otro lapso de 18 meses en los que la cuestión debe dirimirse en los tribunales, en esta ocasión los argentinos, antes de pasar a un arbitraje internacional.

Pero el pacto tiene algunos cabos sueltos a los que España podría recurrir para acelerar el proceso de modo de que Repsol pueda presentar su demanda ante el tribunal arbitral del Banco Mundial, dijeron a Efe fuentes de estudios de abogados que pidieron anonimato.

Las fuentes dijeron que Repsol podría tratar de ir directo a un arbitraje internacional con el argumento de que Argentina ha admitido ese mecanismo de solución de conflictos en acuerdos con otros países y por tanto corresponde que la empresa española tenga similar derecho, la llamada "cláusula de nación más favorecida".

Esta alternativa tiene sus complicaciones, apuntaron las fuentes luego de recordar que el tribunal arbitral del Banco Mundial demora varios años en dirimir conflictos sometidos a su jurisdicción.

El conflicto afecta, además, los intereses de fondos de pensión de EEUU que están entre los dueños de acciones representativas del 11,50 por ciento de YPF que vendió Repsol el año pasado en Wall Street y cuyos derechos han sido bloqueadas por una demanda de exagentes de la petrolera argentina.

Los exagentes de YPF, que reclaman por derechos accionariales, han impugnado varias operaciones de Repsol y denunciado presuntas irregularidades ante la Comisión de Valores de Nueva York (SEC, por su sigla en inglés).

El pacto argentino-español prevé la nacionalización o expropiación de inversiones a condición de que sean declaradas "de utilidad pública" y que se pague "sin demora injustificada, una indemnización adecuada".

El Gobierno argentino incumplió con el precepto constitucional de pagar antes de poner en marcha el proceso de expropiación y con ello sentó un pésimo antecedente para la inversión extranjera, comentó a Efe el abogado Ricardo Paz, quien representa a exagentes de YPF.

Repsol, agregó, afronta "el riesgo de demandas" de inversores institucionales estadounidenses que en marzo de 2011, "sin que se les diera información completa", compraron a Repsol papeles de YPF "a unos 42 dólares cada una y ahora valen la cuarta parte".

Paz consideró que la estadounidense Exxon y petroleras chinas son "las únicas capaces" de asociarse a YPF para explotar yacimientos de gas y crudo no convencional descubiertos en la Patagonia argentina, "pero no querrán hacerlo mientras persista el conflicto con Repsol".

"Los intereses en juego son tan grandes que a todas las partes les conviene una solución negociada, aseguró.