MADRID. MEJÍAS SE QUEDA EN SU CASA TRAS LA MEDIACIÓN DE CARMENA: “ES UNA SOLUCIÓN MINIMALISTA”

La portavoz de los afectados por la venta de viviendas de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid (EMVS) a fondos ‘buitre’, Arancha Mejías, no será desahuciada por el fondo de inversión Blackstone, después de una mediación entre representantes de la compañía y la alcaldesa, Manuela Carmena. “Es una solución minimalista”, lamenta Mejías.
En una reunión mantenida ayer entre Carmena y Claudio Boada, representante del fondo de inversión Blackstone, se consiguió el “compromiso firme” de ofrecer a Mejías un contrato de arrendamiento. Y es que la empresa decidió no renovar el alquiler a esta inquilina como “represalia” por denunciar la enajenación de las 1.860 viviendas públicas a este fondo.
“Parece que se resuelve una situación de discriminación negativa y lo valoro positivamente, pero el problema de fondo sigue siendo la venta ilegal de viviendas sociales”, explicó Mejías en declaraciones a Servimedia.
Esta inquilina compareció en la comisión de investigación que constituyó el Ayuntamiento de Madrid para analizar la enajenación de estas promociones de vivienda durante los mandatos de Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella, y que concluyó que esta venta se produjo por un precio notablemente inferior al recomendado, según reflejan los informes.
En el mes de septiembre, Mejías recibió un ‘burofax’ del fondo ‘buitre’ en el que se la informaba de que no le renovaban el contrato de alquiler, como sí hicieron con el resto de inquilinos afectados por esta enajenación de viviendas, que pasaron de titularidad municipal a privada por 128,5 millones de euros.
“Hace unas semanas me llegó la demanda de desahucio”, relató la portavoz de los afectados. No obstante, pese a la comunicación de sus nuevos arrendadores, Mejías no abandonó su piso, en el que vive con su familia. “Entiendo que tendrán que soportar los gastos y perjuicios de estos meses” en los que ella temía por su vivienda, explicó.
Como se pone de manifiesto en el dictamen de la investigación municipal, la EMVS vendió un total de 1.860 viviendas sociales en régimen de alquiler a fondos como Balckstone, todo ello sin avisar a los inquilinos de que su arrendador había cambiado y, con ello, las condiciones.
De hecho, según denunciaron todos los grupos presentes en la comisión (PSOE, C’s y Ahora Madrid), los inquilinos de estas viviendas no tuvieron opción a compra antes de que sus viviendas pasaran a manos de los fondos.
Con esta transacción, la EMVS vendió estas viviendas sociales por 128,5 millones de euros a dichos fondos, pero su valor era de 291,4 millones según los precios oficiales de las viviendas de protección pública fijados por la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid, por lo que el perjuicio económico habría sido de 162 millones de euros, según la investigación.

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