Según ha explicado a Europa Press el administrador de la promoción ocupada, Manuel Morales, la mercantil propietaria, que formaba parte del 'Grupo Dolmen', se encuentra en concurso de acreedores desde el 2 de julio de 2012 y el 19 de septiembre del año pasado se aprobó un plan de liquidación "en el que expresamente se indica la forma de enajenar su activo, entre el que se encuentra la promoción de Huerta Téllez de Ceuta".
En el transcurso del concurso de acreedores la Sareb adquirió los créditos que graban la citada promoción y "sin obligación legal" se ha hecho cargo del pago de seguridad privada para intentar evitar su ocupación. En estos momentos "la actuación de la Administración Concursal es la habitual en un concurso de acreedores en período de liquidación".
Durante las últimas 24 horas se han registrado en la ciudad autónoma cuatro intentos de ocupación de edificios vacíos más. El primero, un bloque de lujo en el centro de la ciudad, fue abandonado por los protagonistas de la intentona, adjudicatarios de las casas allanadas el lunes, con la mediación del consejero de Gobernación del Ejecutivo local, Jacob Hachuel (PP), y una intervención policial inmediata.
A lo largo de la madrugada de este miércoles efectivos de la Policía Nacional han sacado de otro inmueble recién terminado a dos hombres, primero, y a una familia, después. Por la mañana ha tenido lugar otro intento de ocupación que ha sido evitado.
El secretario general del PSOE de Ceuta, Manuel Hernández, se ha mostrado "profundamente preocupado" por la evolución de los acontecimientos, ha dejado claro que los socialistas "siempre" estarán "totalmente a favor del cumplimiento de la legalidad vigente" y ha "roto una lanza" por las Fuerzas de Seguridad.
En otro comunicado, Ciudadanos ha alertado de que con la "ocupación masiva" de viviendas "se ha vuelto a cruzar una línea roja en la falta de control que tiene el Gobierno local del PP sobre lo que ocurre en la ciudad y en el desprecio a las leyes y a la propiedad". La formación naranja ha instado, además, a las empresas suministradoras de agua y luz a asegurarse de que los okupas no acceden a esos servicios básicos.
El artículo 245 del Código Penal prevé para quien "con violencia o intimidación en las personas" ocupa una cosa inmueble de pertenencia ajena, "además de las penas en que incurriere por las violencias ejercidas, la pena de prisión de uno a dos años, que se fijará teniendo en cuenta la utilidad obtenida y el daño causado". Al que ocupa, "sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular", se le puede imponer multa de multa de tres a seis meses.
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