La construcción reclama suplir con fondos UE el déficit inversor en agua

España debe priorizar la reposición de sus infraestructuras hídricas para evitar que la actual red de suministro se quede obsoleta. Seopan, la patronal de las constructoras, ha criticado que la inversión pública destinada al transporte, la depuración o el abastecimiento de agua esté en niveles un 50% inferiores a los que se invertían en 2010. Concretamente, las diferencias de gasto público entre 2021 y 2010 se elevan a más de 130.000 millones de euros, afectando de forma mayoritaria a las redes de transporte. 

Según los cálculos de la entidad, que aglutina a las grandes firmas constructoras y concesionarias del país, casi la mitad de las tuberías de abastecimiento y alcantarillado superan los 30 y 40 años de antigüedad, respectivamente. A eso se suma que el 26% del suministro no está registrado y el 16% del agua se pierde por el camino. Esta situación se nota también en la factura final del consumidor, que muestra la mayor variación de tarifas de la Unión Europea según donde se pague.

Todo esto sucede mientras la inversión pública en infraestructuras sigue creciendo, tanto por el impulso de la economía española como por los fondos europeos. Hasta septiembre de 2022, los niveles de gasto público vinculados a nuevas infraestructuras habían crecido un 5,1% interanual. Pero si hay un área donde no se observa, es en lo relativo al agua: entre 2014 y 2020, España apenas ejecutó la mitad de los compromisos presupuestarios fijados con Bruselas, un total de 27.655 millones a fecha del 30 de enero de 2023. 

Para cumplir con Bruselas hacen falta 253.000 millones

Desde Seopan también lamentan la "inexistencia" de planes nacionales para modernizar infraestructuras pese a que la Unión Europea tiene sobre la mesa varias propuestas de Directivas de aguas, como la del tratamiento de aguas residuales urbanas, que incrementarían la necesidad de inversión hasta los 253.000 millones de euros. Por esta razón, apuestan por el "binomio" que conforman el agua y la energía, que generaría "un gran potencial inversor" al albur de los distintos planes institucionales vigentes.

Entre sus exigencias, abogan por disponer de las aportaciones habituales de la UE a España y destinar 9.904 millones de euros al desarrollo de infraestructuras hídricas, de residuos y renovables, a lo que se sumarían otros 4.254 millones en otro tipo de ayudas. Estos fondos deberían destinarse, según la entidad, a cumplir con la Directiva de tratamiento de aguas residuales que propone Bruselas, que establecerá requisitos mucho más exigentes sobre los tratamientos terciarios y cuaternarios, aquellos que permiten limpiar las aguas de contaminantes concretos.

Seopan también critica que los PERTE no incluyan el desarrollo de nuevas infraestructuras hidráulicas, más allá de los 2.790 millones fijados para digitalización de los ciclos del agua en uno de los doce planes del Gobierno. Consideran que la inversión pública en agua podría movilizar más de 10.000 millones: 7.724 millones destinados al tercer ciclo hasta 2027, y 3.000 millones adicionales para redes de alcantarillado y depuradoras en localidades de menos de 50.000 habitantes. En la actualidad, España cuenta con 1.640 estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) y 2.232 depuradoras de aguas residuales donde trabajan más de 50.000 trabajadores.

A todo esto hay que sumar el problema de la inflación. Según la asociación, muchos de los contratos firmados para el mantenimiento y la conservación del ciclo integral del agua "hacen imposible su ejecución" debido a las subidas en el precio de la energía y los costes laborales, que en el caso del ciclo del agua suponen un 31% del coste final. "El Gobierno no sólo ha rechazado las propuestas de revisión remitidas por el sector, sino que además ha planteado la inconstitucionalidad de las propuestas de las comunidades autónomas", lamentan.