Defensor pueblo. Becerril recuerda a varias ccaa que deben cumplir los tiempos de las valoraciones por dependencia

La Oficina del Defensor del Pueblo ha tenido que recordar, en un "relevante número de casos", a comunidades como Andalucía, Castilla-La Mancha, Madrid, Región de Murcia o la Valenciana, que deben cumplir en tiempo y forma con las valoraciones y reconocimientos del grado de dependencia establecidos en la ley del mismo nombre.
Así lo evidencia el informe del Defensor del Pueblo correspondiente a 2013, presentado este jueves en las Cortes Generales. Señala, concretamente, que en algunas CCAA, "como Andalucía, Castilla-La Mancha, Madrid, Región de Murcia y la Comunitat Valenciana, se produce la paralización de las resoluciones de PIA, especialmente las que reconocen prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar, ante la falta de fondos para abonarlos".
Esto ha motivado, prosigue el documento elaborado por el departamento que dirige Soledad Becerril, la formulación "de un relevante número de recordatorios" sobre el deber legal de resolver las solicitudes formuladas de forma expresa y en los plazos previstos.
En la misma línea, el texto señala que a finales de 2013, "y ante el incremento de las quejas recibidas sobre el referido asunto", se iniciaron actuaciones complementarias con las administraciones autonómicas de Andalucía, Región de Murcia y la Comunidad Valenciana, para analizar el funcionamiento global de la gestión del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, "que parece tener paralizada la tramitación de un alto número de quejas".
El informe indica que el análisis conjunto de las "numerosas quejas" recibidas en este ámbito pone de manifiesto que los ciudadanos perciben "un deterioro" del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
Las cuestiones que aparecen "de modo recurrente" ante el Defensor son la demora en la gestión de los expedientes, la falta de una financiación adecuada, la reducción de la cuantía de las prestaciones y el consiguiente incremento en las aportaciones de los beneficiarios al coste de los servicios.
El endurecimiento de las valoraciones, las consecuencias del nuevo régimen de incompatibilidades entre prestaciones y las "significativas diferencias entre comunidades autónomas" en cuanto al nivel de protección son también motivo de quejas de los ciudadanos en lo relativo al Sistema de Dependencia.
"DEMORA INACEPTABLE"
Dentro de este sistema, el informe alerta de que "la carencia de presupuesto y la voluntad de asegurar la excepcionalidad de la prestación económica por cuidados en el entorno familiar puede conllevar una demora inaceptable en el pago de las prestaciones reconocidas".
"Determinadas administraciones, aludiendo a problemas de liquidez, han postergado dichos pagos y el de los efectos retroactivos", asegura la oficina de Becerril, que informa de que este tipo de quejas son siempre admitidas a trámite, "aunque sólo en contadas ocasiones se logra obtener compromiso de abono en fechas ciertas".
Apunta también el texto que en algunas comunidades autónomas la cuantía de las prestaciones, resultante de la aplicación de la nueva normativa autonómica, es "notoriamente inferior" a la que resultaría de la aplicación de los criterios mínimos comunes para la determinación de la capacidad económica personal de los beneficiarios del Sistema de Dependencia y los criterios para su participación económica en las prestaciones del sistema.
Éste es el caso de Castilla y León que, a través de la Orden FAM 644/2012, de 30 de julio, procedió a reducir los importes de la prestación económica por cuidados en el entorno familiar.
La Administración autonómica lo justifica en la necesidad de lograr un mayor equilibrio entre las prestaciones económicas y los servicios del catálogo, pero el Defensor entiende que para lograr ese propósito "no basta con la reducción de las prestaciones económicas, sino que es imprescindible asegurar la existencia de servicios profesionalizados con capacidad para atender a la demanda real en plazos razonables".
Por otra parte, el documento indica que se han recibido reclamaciones por demoras en la tramitación de variaciones en el grado de autonomía de las personas para realizar las tareas de la vida diaria ytambién, "en número creciente", por el reconocimiento de un grado inferior de dependencia al preestablecido, "lo que conlleva la pérdida del derecho a las prestaciones o servicios previamente reconocidos".