Disidentes sandinistas demandan la inconstitucionalidad por Ley del Canal

  • Los disidentes sandinistas demandaron hoy la inconstitucionalidad de la ley que da una concesión a una empresa china, hasta por cien años, para la construcción y administración de un canal en Nicaragua que permita el paso de grandes buques entre el Atlántico y el Pacífico.

Managua, 8 ago.- Los disidentes sandinistas demandaron hoy la inconstitucionalidad de la ley que da una concesión a una empresa china, hasta por cien años, para la construcción y administración de un canal en Nicaragua que permita el paso de grandes buques entre el Atlántico y el Pacífico.

El recurso de inconstitucionalidad fue interpuesto este jueves en la Corte Suprema de Justicia por dirigentes del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), sin personalidad jurídica, aunque con dos diputados propietarios y dos suplentes en el Congreso.

La legisladora suplente disidente sandinista Edipcia Dubón dijo a Efe que el recurso de inconstitucionalidad lo fundamentan en base a que Ley del Canal viola al menos 40 artículos de la Carta Magna.

Asimismo, plantean que la Ley provoca "graves daños a la integridad, la soberanía nacional, los derechos y el patrimonio de los y las nicaragüenses", entre los que mencionó "violación al principio de independencia, soberanía y autodeterminación como derechos irrenunciables del pueblo".

También "violación de las disposiciones constitucionales que protegen la propiedad, los bienes, la cultura y el derecho de autogobierno de las comunidades étnicas y pueblos indígenas" y la "violación del principio de democracia participativa", indicó.

"La Ley 840 o Ley del Canal se aprobó sin consulta alguna con el pueblo, negándole su derecho de decidir y participar libremente en la construcción y perfeccionamiento del sistema económico, político y social de la nación, como establece la Constitución", argumentó.

El de los disidentes sandinistas es el décimo recurso contra Ley del Gran Canal de Nicaragua que se interpone en la Corte Suprema de Justicia, incluido uno de indígenas, otro del principal grupo parlamentario ositor y otro de un grupo de nueve organizaciones no gubernamentales (ONG).

Quienes se oponen a la Ley del Gran Canal tienen hasta el próximo 13 de agosto para presentar recursos por inconstitucionalidad.

La mayoría oficialista del Parlamento de Nicaragua aprobó el 13 de junio pasado la Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense atinente al canal, Zonas de Libre Comercio e Infraestructura Asociados, tras un acelerado proceso que duró cinco días.

El Gobierno nicaragüense y la compañía china HK Nicaragua Canal Development Investment Co. Limited (HKND Group) firmaron el 14 de junio pasado un acuerdo marco para la construcción del proyecto Gran Canal Interoceánico, el cual contempla la concesión y explotación por 50 años, prorrogables por otros 50.

Según el Gobierno sandinista, esta obra incluiría un canal húmedo para naves y uno seco ferroviario, oleoductos, puertos, pistas aéreas y zonas de libre comercio tanto en el litoral Caribe como en el Pacífico, durará unos 10 años y costará 40.000 millones de dólares.

El HKND Group, una firma creada en Islas Caimán y asentada en Hong Kong, aduce que para 2030 el volumen de transacciones comerciales a través del canal de Nicaragua, que sería más amplio que el de Panamá, habrá aumentado el 240 % respecto a las cifras actuales.

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