'Desvelar corrupción es una aventura de riesgo en España'. The New York Times, el periódico más prestigioso del planeta, encabezaba el 14 de mayo de 2016 con este demoledor titular una historia sobre Ana Garrido, la funcionaria de Boadilla del Monte que desveló la trama Gürtel y cuya confesión lejos de ser recompensada supuso el inicio de una historia de acoso y persecución que desembocó en una depresión y en una vida rota.
El rotativo neoyorquino se preguntaba entonces por qué España se negaba a proteger a los delatores de casos de corrupción como sí ocurría en un buen número de países de su entorno, sin saber que apenas un mes y medio después, el 3 de julio, el Gobierno español iba a volver a mirar hacia otro lado, en esta ocasión a la hora de incorporar a la legislación española la directiva europea sobre protección para delatores de situaciones de abuso de mercado.
Desde entonces la Comisión Europea ha advertido hasta en tres ocasiones a las autoridades españolas sobre el particular, según marca el extraordinariamente garantista procedimiento de infracción europeo, sin haber obtenido respuesta satisfactoria alguna. Ha pasado más de un año desde que España hiciera oídos sordos a su obligación de incorporar la directiva europea sobre 'whistleblowers' y la Comisión cree llegado el momento de que sea el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que determine la responsabilidad del Gobierno de España por esta cuestión, una responsabilidad que podría llevar acarreada una multa económica.
El pasado 13 de julio la Comisión remitió finalmente el caso al Tribunal de Luxemburgo ante la evidencia de que España "no ha proporcionado información alguna sobre la completa implementación de las disposiciones previstas en la legislación nacional".Un marco legal para proteger a los 'soplones'
La conocida como directiva europea sobre 'whistle-blowers', aprobada en diciembre de 2015, partía de un principio bien claro: "Las personas que comuniquen posibles infracciones o infracciones reales a las autoridades competentes pueden poner en conocimiento de éstas nueva información y ayudarlas a detectar los delitos de abuso de mercado e imponer sanciones por los mismos. No obstante, los denunciantes pueden verse disuadidos de hacerlo por miedo a represalias, discriminación o divulgación de datos personales".
Lo que hace la Directiva, por tanto, es crear el marco adecuado para estimular la presentación de denuncias y proteger a los denunciantes. Para ello insta a los Estados Miembros, por ejemplo, a habilitar los mecanismos legales necesarios para permitir las denuncias anónimas, formar a personal especializado para gestionar las mismas, publicitar los canales de comunicación habilitados para facilitar los 'chivatazos' y, por supuesto, crear el marco necesario para proteger a los denunciantes frente a posibles represalias, discriminación o cualquier clase de trata injusto directo o indirecto.
La Directiva también exige llevar un registro de las denuncias presentadas y crear los cortafuegos necesarios para proteger la identidad de los denunciantes que deseen presentar sus denuncias de forma anónima, pero también de los denunciados "para evitar daños a su reputación u otras consecuencias negativas".
En España, hay un organismo que sí ha cumplido todas las directrices que se establecen en la Directiva, se trata de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que desde finales de 2015 dispone de un buzón de denuncias - que aparece en la portada de su página web - y en el que se puede delatar cualquier situación irregular que afecte a acuerdos de licitaciones públicas, pactos de precios, repartos de mercado, acuerdos de condiciones comerciales..., de forma anónima o no. "El buzón está funcionando muy bien y nos ha permitido abrir algunas investigaciones", aseguran desde el órgano encargado de vigilar la adecuada competencia en los mercados españoles de bienes y servicios.
La Agencia Tributaria es pionera en este tipo de estrategias. La denuncia tributaria es un concepto antiguo y en la página web del organismo se pueden encontrar hasta tres entradas para realizar denuncias según se refieran a temas aduaneros, a pagos en efectivo o a cuestiones tributarias generales. El mecanismo funciona con éxito y el último balance realizado indica que desde 2012 ha permitido abrir actas fiscales que han resultado en unos ingresos extra de 500 millones de euros dese entonces.
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que hace un año anunció a bombo y platillo que abriría un buzón de denuncias y que incluso podría llegar a pagar por la información, también asegura tener un buzón similar, si bien a éste no se puede acceder desde la página web, ni siquiera está publicitado en la misma y además no permite las denuncias anónimas. "Garantizamos la confidencialidad, pero no admitimos denuncias anónimas", aseguran desde el organismo.
lainformacion.com ha contactado con el Ministerio de Economía para chequear su reacción a la decisión europea de llevar la cuestión al Tribunal de Luxemburgo sin obtener contestación alguna sobre el particular.
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