El asesor de confianza de Montoro siembra el pánico entre los contratistas del Estado

Cobrar en tres o cuatro meses en lugar de los 30 días que marca la ley puede dejar de ser la mayor preocupación para los miles de proveedores que diariamente surten de servicios, suministros y todo tipo de bienes a los distintos centros de la Administración General del Estado.

El mantenimiento mismo de sus contratos con la Administración podría estar en cuestión si el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, termina prestando oídos a las recomendaciones de uno de sus asesores más influyentes, el presidente del Instituto de Estudios Fiscales (IEF), José Antonio Martínez Álvarez.

El último papel de trabajo firmado por el máximo responsable de esa especie de think tank de Hacienda que es el IEF insta al Gobierno a revisar uno a uno todos los contratos que mantiene la Administración del Estado con sus proveedores "a fin de lograr el objetivo básico de la reducción de sus coste operativos".

El profesor Martínez Álvarez, profesor titular del Departamento de Economía Aplicada e Historica Económica de la UNED y viejo colegade Cristóbal Montoro en los años 90, antes de que éste fuera reclamado por Rodrigo Rato, sospecha que tras algunos de esos contratos pueden esconderse actividades innecesarias y gastos ineficaces que podrían estar lastrando el objetivo de reducción del déficit público.

No es el único que los sospecha. Un reciente informe del Tribunal de Cuentas se sorprendía de que hacer carreteras en España costara el doble que en Alemania y Bruselas ha solicitado en diversas ocasiones a España un sistema de control ex ante del gasto público porque intuye que no se ejecuta con la eficacia y eficiencia que debiera.

Según los últimos datos oficiales disponibles, correspondientes al ejercicio de 2011, la Administración del Estado mantiene cerca de 35.000 contratos con proveedores privados, sumando los de suministros (27.467), los de servicios (5.426), los de obras (1.358), los de consultoría y asistencia (55) y otros 188 de diversa naturaleza.Borrón y cuenta nueva

Lo que plantea Martínez Álvarez es hacer una especie de borrón y cuenta nueva en la política de contratos de la Administración del Estado.

Sostiene que el esquema actual de negociación presupuestaria es "incrementalista", es decir, que favorece las inercias al alza de los programas presupuestarios, ya que estima las necesidades actuales en función de las pasadas, pero no realiza un análisis exhaustivo de los gastos que podría poner de manifiesto "posibles actividades a extinguir que generan un gasto innecesario".

La propuesta del asesor del ministro Montoro, que el propio IEF subraya que se realiza a título personal, pasaría por la realización de cinco fases:

1. Examinar todos los contratos de prestación de servicios a la Administración, a fin de justificar su necesidad o su utilidad en el actual contexto.

2. Determinar el nivel del servicio a ofrecer para garantizar la satisfacción de las necesidades de la sociedad... a un precio razonable. La idea es comparar cómo se prestan los servicios en distintas unidades de la Administración para extender las mejores prácticas, es decir, aquellos que lo hacen con eficiencia al menor precio posible.

3. Identificar posibles alternativas para prestar el servicio y analizar su idoneidad al objeto de determinar si es posible prestarlo de otro modo más eficaz o más económico.

4. Investigar las causas de las posibles desviaciones que se produzcan sobre el estándar establecido.

5. Establecer un sistema de información permanente para la adjudicación de contratos.

El presidente del IEF admite una pega en este esquema: el exceso de papeleo. Entiende que el sistema de evaluación constante, controles y auditoría permanente generaría una carga burocrática relevante, que se vería compensada, por el contrario, por el ahorro que se generaría con este esquema.

Al cabo, se trata de aplicar a la política de contratos del Estado los principios del Presupuesto Base Cero, cuya implantación también defiende, con ciertas restricciones, a nivel general.