Madrid, 31 ago.- El Gobierno aprobó hoy su tercera reforma financiera, que entre otras novedades crea un "banco malo", una sociedad que podrá vender los activos tóxicos de la banca en hasta 10 ó 15 años y que estará controlada por inversores privados, que podrán contar con ayudas públicas para financiar su entrada.
Según el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, la reforma financiera nace con el objetivo de ser uno de los "elementos fundamentales para salir de la crisis" y que "no cueste un euro al contribuyente".
Precisamente, el "mal llamado banco malo", ya que según De Guindos comprará "activos no tan malos", tendrá como principal objetivo no incurrir en pérdidas, gracias a los bajos precios que pagará cuando compre los activos en el mes de diciembre (se constituirá un mes antes).
Fuentes de Economía aseguran que esos precios podrían ser incluso más bajos que los que tienen provisionados las entidades financieras, de modo que habrá "perspectivas de rentabilidad adecuada" para atraer a inversores privados.
Como contrapartida, los bajos precios -que fijará en última instancia el Banco de España- pueden suponer un "esfuerzo o pérdida adicional" para la banca, que "no puede ser significativa" dados los elevados saneamientos realizados.
El capital inicial será aportado por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) con parte de los 100.000 millones de euros aportados por Bruselas para sanear el sistema financiero, aunque el organismo no podrá alcanzar en ningún caso el 50 % de las acciones.
El banco malo, que entrará en funcionamiento en noviembre, pagará a las entidades financieras con efectivo, acciones o deuda avalada por el Estado que podrán descontar en el Banco Central Europeo (BCE).
La reforma aprobada hoy cumple los "compromisos" acordados con Bruselas para conceder la ayuda de hasta 100.000 millones de euros al sector financiero y, por ello, tiene como fin que el coste de la reestructuración y liquidación de entidades sea soportado por sus accionistas y acreedores para "minimizar el impacto en los recursos públicos, es decir, en el dinero de los contribuyentes", en palabras del ministro de Economía.
En relación a las participaciones preferentes, el FROB podrá imponer un ejercicio de canje determinado "si considera que la absorción de pérdidas por parte de los acreedores ha sido insuficiente", según detalla el Ministerio de Economía.
Así, el canje de participaciones preferentes de entidades rescatadas se realizará con fuertes pérdidas para el inversor, ya que el Gobierno obligará a valorar estos títulos a precios de mercado con un margen adicional del 10 por ciento.
En cualquier caso, Economía avisó de que ese valor de mercado no tiene porqué ser el que reflejen las pocas transacciones de compra-venta, ya que no son representativas en muchos casos.
Por otro lado, también se aumentará la protección de los inversores minoristas para evitar que se vuelva a producir la comercialización inadecuada de determinados productos, como las participaciones preferentes, los bonos convertibles o los pagarés.
El Gobierno tiene intención de que a partir de ahora el ahorro de los ciudadanos se centre en los depósitos, que están garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), por lo que elimina la penalización impuesta el año pasado a las entidades que comercializan depósitos de alta remuneración.
Según De Guindos, se transmite así el mensaje de que "es fundamental que no haya instrumentos que sustituyan a los depósitos" y que lleven a una menor protección de los ahorradores.
Asimismo, la reforma pone coto a las remuneraciones de los responsables de las entidades financieras que necesiten ayuda pública, que bajará así de un máximo de retribución fija de 600.000 euros a 500.000 euros.
La reforma también eleva los requisitos de capital de las entidades, que serán del 9 %, frente al 8 % exigido para las entidades cotizadas y el 10 % para las que tuvieran demasiada financiación mayorista.
El Gobierno ha elevado la capacidad de endeudamiento del FROB, que pasará a ser de 120.000 millones de euros para 2012, frente a los 90.000 millones establecidos anteriormente. EFE
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