El Ejecutivo creará un registro de pisos turísticos para 'blanquear' el sector

El batiburrillo legal que rodea a la vivienda turística parece que no va a desaparecer, al menos, por ahora. La secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, ha confirmado esta mañana que el Gobierno está actuando en modificar la Ley de Propiedad Horizontal para que los vecinos tengan más poder de decisión sobre si quieren o no una propiedad alquilada a viajeros en su comunidad.

Hasta ahora, cualquiera que cumpliese con las normas autonómicas y locales -en España existen más de 40 normativas diferentes- podía dedicar su vivienda a uso turístico ya que los estatutos de las comunidades de vecinos no prohibían expresamente esta actividad.

Para modificarlos y evitar la implantación de plataformas como Airbnb, los vecinos debían mostrar unanimidad, por lo que con que el alquilador se negase a cambiarla, los vecinos se veían con las manos totalmente atadas. 

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El Grupo de Trabajo en el que se ha tomado en consideración esta propuesta también ha puesto sobre la mesa las definiciones de las diferentes comunidades autónomas de lo que consideran una vivienda turística. A pesar de ello, las competencias seguirán siendo de las  autonomías por lo que el batiburrillo legal de más de cuarenta normativas existente en España seguirá vigente.

Ahora, con la modificación propuesta por el Ministerio de Turismo, bastará con lograr tres quintos de los votos y el coeficiente de la comunidad de vecinos para evitar que se instale una vivienda turística.

A nivel estatal, el Gobierno sólo puede elaborar un registro de viviendas de uso turístico que "va a servir para dar seguridad jurídica" a ambas partes de la transacción, ha señalado Isabel Oliver.

Esta misma tarde y durante el día de mañana, las comunidades autónomas y la propia secretaria de Estado se reunirán con los diferentes agentes implicados como asociaciones de vecinos, Airbnb y diferentes hoteleros.