El modelo de financiación autonómica da para mucho. Hay partidas de todo tipo, con tal de compensar las distintas carecterísticas de cada comunidad. De este modo, hay ajustes por dispersión de población, por habitantes menores de los 18 años o mayores de 65, por cuota en aplicación de la ley de dependencia... y por regularización lingüística.
En efecto, el informe presentado por el Gobierno sobre la liquidación del nuevo sistema de financiación correspondiente a 2009 (primer ejecicio completo tras la reforma de ese mismo año) contempla el pago de 236,85 millones de euros en concepto de "normalización lingüística".
La partida se incluye dentro de las cantidades "adicionales" que el Ejecutivo central aporta para equilibrar ciertos servicios en las regiones. En concreto, este fondo especial consta de 5.236 millones de euros, de los que 4.900 se reservan a sanidad, educación y servicios sociales; y el resto, "a otros recursos adicionales".
Entre estos recursos extra se otorgan 50 millones a las autonomías con mayor dispersión de población que la media y otros 50 a aquellas con una densidad inferior a la media.
Los 236 millones restantes se quedan para "normalización lingüística", una cantidad con la que, por ejemplo, el Estado podría haber pagado la ampliación de dos semanas a un mes del permiso de paternidad. A esta medida renunció a finales de 2010 dentro de los recortes generalizados y por la necesidad de contar con esos 200 millones.
Como quiera que este modelo de financiación no incluye al País Vasco y Navarra, la partida se repartirá entre Galicia y las autononomías del mediterráneo con lengua propia.
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