El Estado se da un plazo de seis meses para acudir al rescate de las empresas viables que lo solicitan para hacer frente a los problemas de solvencia por el impacto de la crisis y en ningún caso tendrá que lanzar una opa aunque la toma de la participación pública supere el 30% del capital. El Boletín Oficial del Estado (BOE) de este lunes aporta estos detalles y exime al Estado de tener que hacer una oferta pública de adquisición de acciones sobre el 100% de una compañía si supera el umbral que establece la ley, pues se trata de una operación de rescate.
De este modo, el fondo de rescate dotado con 10.000 millones, que depende de la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, y por tanto del Ministerio de Hacienda, tendrá más fácil su entrada transitoria en el capital de compañías privadas. Los 10.000 millones de euros servirán para apoyar la solvencia de distintas compañías consideradas estratégicas mediante la compra de acciones, deuda o cualquier otro instrumento convertible en capital, pero siempre que antes las propias empresas lo soliciten y como opción de último recurso.
Antes de que el fondo actúe será necesario que el Consejo de Ministros apruebe la operación y para ello tendrá un plazo máximo de 6 meses desde que la compañía pidió ayuda. La SEPI registrará todas las operaciones en una contabilidad específica, podrá contratar con cargo al fondo los servicios de apoyo que considere necesarios y recibirá una compensación por las funciones llevadas a cabo.
Para hacer más fácil también la misión de rescate, cualquier transmisión patrimonial u operación societaria, entre las que se incluye la propia toma del Estado de la participación en une empresa estarán libres del pago de cualquier tributo y exentas de aranceles y honorarios de notarios o registradores. La entrada en el capital dará lugar a la elección de consejeros en proporción a la participación en manos del Estado y los datos, documentos e informaciones que reciba serán confidenciales.
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