Los planes de EEUU, Francia, Italia o Japón 

El fondo de rescate olvida a las grandes empresas estratégicas: las energéticas

¿Podría España dejar caer a empresas como Iberdrola, Endesa, Repsol o Naturgy? En la economía nacional no hay nada más poderoso que las compañías del sector.

Washington no paga a traidores: Repsol tiembla por su negocio en Estados Unidos. / Repsol
El fondo de rescate olvida a las grandes empresas estratégicas: las energéticas.
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10.000 millones. El dinero público es difícil de contabilizar. Según sumamos millones su valor se deprecia y, a menudo, es lo mismo decir 10.000 que 100.000. El doble de infinito es siempre infinito, y eso vale también para las cuentas y empresas públicas.

Con 10.000 millones el Gobierno pretende asegurar la viabilidad de las empresas de consideración estratégica. A través de la SEPI se permitirá la concesión de ayuda pública en forma de créditos participativos, deuda subordinada y entrada directa en el capital de las empresas. El objetivo es evitar que éstas quiebren, dejando un hueco en el ya escaso recorrido industrial español.

El texto aprobado por el Ejecutivo recalca que se ajustará a "la normativa de ayudas de Estado de la Comisión Europea", incluso señala los sectores en los que operará el fondo: seguridad, salud, infraestructuras, comunicaciones, son los indicados para su actuación.

Hasta aquí todo normal. Los Estados tienen la obligación de garantizar la supervivencia de sus empresas estratégicas. Sin embargo, el Gobierno olvida la definición que el CNI da de este tipo de empresas: aquellas que son claves para la seguridad nacional y para el conjunto de la economía española. El máximo órgano de la inteligencia española incluye las corporaciones de defensa, energéticas, financieras, sanitarias, TIC, de transporte o, entre otras, las químicas.

El carácter pues estratégico lo confiere no tanto su pertenencia a uno u otro sector, sino su contribución a la riqueza nacional. Y en la economía española no hay nada más poderoso que las empresas energéticas.

¿Podría España dejar caer a empresas como Iberdrola, Endesa, Repsol o Naturgy?

La respuesta pasa por un no rotundo. Más del 80% de la generación eléctrica en España se debe a esas empresas, por no hablar de los miles de puestos de trabajo que dependen directamente del que posiblemente sea el sector más estratégico de todos.

La participación y rescate del Estado de empresas energéticas no es, ni mucho menos, una excepción en el plano internacional. Un simple repaso a los números nos revela que la gran mayoría de empresas energéticas mundiales cuenta con participación pública, tal y como analizó la OCDE en un documento de trabajo en 2019.

Pero si la participación del Estado es la regla, el rescate estratégico de organizaciones energéticas es la práctica habitual. Francia, Italia, Japón o incluso Estados Unidos cuentan con empresas a las que el Estado ha dado un ‘pequeño empujón’ a la hora de afrontar problemas y en la que una presencia temporal, con el paso del tiempo, se ha convertido en algo permanente.

En el caso francés, la participación de París en EDF supera el 80%. La crisis del coronavirus provocó una importante caída en la cotización de la francesa, hecho que fue automáticamente solucionado con una inyección de capital directa en la que es la mayor empresa energética. Bruselas entendió las razones (más bien las ignoró) y París ejerció con mano de hierro su poder sobre una de las primeras armas de inteligencia económica del país galo.

Italia es un ejemplo de incursión pública en lo energético. ENEL, el gigante alpino de la energía, cuenta con una participación superior al 30% de su accionariado del Ministerio de Economía italiano. Una cifra que le ha permitido no solo contar con el respaldo estatal, también ha servido para emprender toda una aventura internacional, que tiene en Endesa el principal exponente de la internacionalización pública de Roma. La empresa italiana también pudo acceder a parte de los 750.000 millones de euros que el gobierno de Giuseppe Conte ha destinado a paliar las consecuencias de la crisis económica que ha traído la Covid-19.

Japón es otro de los grandes tapados a la hora de rescatar empresas energéticas. TEPCO, la tercera compañía eléctrica más grande del mundo, abrazó el intervencionismo nipón cuando la central nuclear de Fukushima sufrió el mayor accidente nuclear de la historia de la isla asiática. Tras su nacionalización, el Estado japonés pasó a ser el principal responsable de las indemnizaciones surgidas tras el desplazamiento de más de 160.000 personas de la región de Tōhoku.

Además de la participación en la empresa, el Gobierno nipón ya ha destinado miles de millones de euros a la compañía que, aun así, sigue siendo la energética más importante de Japón y que cuenta con uno de los proyectos de eólica marina más importantes del mundo. Solo en energía renovable su parque disponible alcanza los 10 GW de capacidad de generación. Todo un coloso que hace apenas unos años se encontraba en el más profundo de los abismos.

Por último, Estados Unidos, la cuna del capitalismo, cuenta con un ingente elenco de empresas públicas en manos de los diferentes estados y entidades locales americanas. Su funcionamiento se basa en la generación de energía en núcleos poblacionales desfavorecidos y que da servicio a 49 millones de clientes en ciudades como Austin, Nashville, Los Angeles o Seattle a lo largo de 49 de los 51 Estados americanos.

Este "bien" endémico americano se ha agudizado con la crisis del coronavirus. El presidente Donald Trump ha prometido, vía Twitter, que no dejará caer la industria petrolera, seriamente amenazada por la sobrecapacidad de producción. El sector se encuentra expectante ante lo que parece ser la llegada de un plan inminente para unos pozos que están cerrando por decenas cada día.

En España, la presencia del Estado en el sector energético se limita a Red Eléctrica (20% de participación) y Enagas (5%). Si bien no son empresas dirigidas a la generación energética, su importancia en el mercado es vital. Se trata de los operadores del sistema. Dejando al margen estas entidades, habrá que esperar a que se cumplan los sueños del vicepresidente del Gobierno en materia energética. Pablo Iglesias siempre ha deseado contar con una auténtica empresa pública de energía. Algo que tras este plan de rescate estratégico está más cerca que nunca. Es ese caso, los 10.000 millones destinados a las empresas no financieras con problemas se quedarán muy cortos, si quiere lanzarse al siempre caro mercado de la energía en España.

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