Martes, 19.02.2019 - 20:49 h
Aprueba dos nuevos impuestos

El Gobierno aclara que el impuesto digital no se aplicará "a Zara o El Corte Inglés"

El Ejecutivo matiza que el gravamen sobre la publicidad online se aplicará a plataformas digitales y "no a las empresas que trabajen con producto".

Isabel Celaá y el ministro Fernando Grande- Marlaska tras el Consejo de Ministros
Isabel Celaá y Fernando Grande- Marlaska tras el Consejo de Ministros / EFE

El nuevo Impuestos sobre Determinados Servicios Digitales limitará su perímetro de actuación a las plataformas digitales que intermedian entre un oferente de servicios y un usuario final, pero no a las empresas tradicionales que se relacionen con sus clientes a través de un canal digital. Así lo ha aclarado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la ministra portavoz, Isabel Celaá, que ha ilustrado la filosofía del nuevo impuesto aclarando que no se aplicará "a empresas como Zara o El Corte Inglés".

El asunto no estaba claro. Según fuentes conocedoras de las negociaciones al más alto nivel que han seguido a la presentación del anteproyecto del impuesto, grandes compañías como Telefónica, el Grupo Prisa o los gigantes de la distribución citados por la ministra portavoz habían transmitido al Gobierno, de forma directa o a través de las organizaciones sectoriales de las que forman parte, su preocupación por el impacto que el impuesto podría tener sobre su factura fiscal tal y como estaba redactado.

La ministra portavoz se ha esforzado este viernes en aclarar que el nuevo gravamen sobre la publicidad en línea solo aplicará a lo que ha denominado 'publicidad dirigida', según su explicación aquella que se utiliza para obtener información relevante de los usuarios desde el punto de vista comercial - pensemos en Google o Facebook - , no a la publicidad tradicional vehiculada a través de un soporte tecnológico, que es la parte que podría afectar a los portales de El Corte Inglés, Zara u otras firmas.

"Estamos actuando sobre empresas que gozaban de una ventaja competitiva y que operaban en una situación de competencia desleal", ha explicado Celaá, que ha subrayado que tanto el impuesto digital como el de transacciones financieras -los dos nuevos gravámenes aprobados este viernes- se ajustan a los modelos propuestos por la Comisión Europea, si bien se han adelantado a su implantación general, lo que también genera serias incertidumbres sobre su efectividad.

El Gobierno ha acelerado todo lo posible la tramitación de estas medidas por la necesidad de tenerlas operativas lo antes posible para, al menos, transmitir la impresión de que sus objetivos recaudatorios se pueden cumplir. Estos dos nuevos impuestos son básicos para cumplir la previsión de ingresos incluida en los Presupuestos y aunque la impresión general es que sus objetivos recaudatorios no se alcanzarán, el Ejecutivo quiere tenerlos operativos cuanto antes mejor para poder chequear lo antes posible cuál puede ser su potencial.

España se ha adelantado a la Unión Europea en la puesta en marcha de estos impuestos, lo que hace que su capacidad recaudatoria sea una incógnita. Fuentes que han participado en la tramitación de estos nuevos impuestos admiten que el volumen de alegaciones realizada por los sectores afectados no tiene precedentes y que las dificultades que ha encontrado Hacienda no han alcanzado solo a aspectos técnicos, sino a la naturaleza misma del hecho imponible.

Pese a ello, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no ha comparecido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha aprobado estos nuevos impuestos. Desde Hacienda se justifica esta ausencia porque la ministra ya ha explicado en ese foro los impuestos cuando se sometieron a audiencia pública y que las modificaciones introducidas en el mismo son de carácter técnico y no justificaban una comparecencia.

El nuevo Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, conocido como 'Tasa Google', gravará a las las empresas que tengan una facturación anual mundial superior a los 750 millones de euros y que acredite ingresos en España superiores a los tres millones de euros, un umbral que se ha rebajado en relación al impuesto europeo -situaba el umbral entre cinco y siete millones- para cazar a grandes empresas tecnológicas que de otra manera no entrarían en el perímetro de actuación del nuevo impuesto.

El nuevo gravamen 'cargará' por primera vez tres grupos de servicios: la publicidad 'online', los servicios de intermediación digital y la transferencia de datos obtenidos a partir de la operativa de los usuarios en dichas plataformas digitales. El tipo impositivo será del 3% sobre la facturación total por cada uno de estos servicios y el Ejecutivo ha estimado que recaudará unos 1.200 millones de euros por esta vía.

El impuesto a las transacciones financieras, remedo doméstico de la célebre 'Tasa Tobin', gravará con un tipo del 0,2% las operaciones de compra de acciones españoles ejecutadas por operadores del sector financiero. Sólo actuará eso sí sobre las operaciones de adquisición de acciones emitidas por empresas cotizadas con una capitalización bursátil superior a los 1.000 millones de euros, para evitar perjudicar a pymes y empresas no cotizadas.

El Gobierno ha evitado someter a imposición las adquisiciones de deuda pública, también de privada, por motivos obvios y también las operaciones con derivados. Los cálculos del Gobierno aseguran que las arcas públicas obtendrán 850 millones de euros en el primer año de operatividad de este impuesto. Esta previsión tampoco se ha ganado la confianza de observadores, institutos de análisis y organismos internacionales, que la consideran demasiado optimista.

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