El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley de Cajas y Fundaciones, que implica un nuevo marco jurídico para estas entidades que volverán a su actividad natural, centradas en el negocio minorista y en su ámbito territorial de actuación.
Así lo ha explicado hoy el ministro de Economía, Luis de Guindos, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha añadido que la norma también persigue la mejora de los órganos de gobierno corporativo de estas entidades y su independencia de los poderes políticos.
"El objetivo es que estas entidades vuelvan a su origen. Es decir, captar depósitos de los clientes y dar créditos a familias y pequeñas empresas", ha asegurado el titular económico.
De esta manera, tras la aprobación de la norma, que ahora entrará en tramitación parlamentaria, las cajas van a tener estas triples limitaciones:
1. Material. Las entidades no podrán dedicarse a actividades financieras complejas, sino que debe estar centrada en clientes minoristas y pymes.
2. Territorial. La normativa implica que el ámbito de actuación de una caja de ahorros no puede exceder de una comunidad autónoma.
No obstante, hay una excepción: podrá sobrepasar ese límite siempre que actúe sobre un máximo de diez provincias limítrofes entre sí.
3. Volumen. La caja no podrán tener un activo superior a los 10.000 millones o una cuota de depósitos por encima del 35% de los de la comunidad autónoma en la que operen.
Si se superan dichos límites, se les las obligará a traspasar su actividad financiera a un banco, que será participado por una fundación bancaria.
Estas limitaciones ya se anunciaron a principios de mayo, cuando el Ejecutivo desveló las claves de esta normativa.
Entonces también dejó claro que la ley obligará a todas las antiguas cajas que detenten un porcentaje superior al 10% del capital de una entidad financiera a convertirse en fundaciones bancarias.
Pero ahora se han introducido algunas modificaciones del Consejo de Estado.Más participación, pero sin llegar al 50%
Las fundaciones bancarias (antiguas cajas de ahorros) que tengan una participación igual o superior al 50% en los bancos que se transformen podrán acudir a ampliaciones de capital de estas nuevas entidades, si bien no podrán ejercer los derechos políticos correspondientes al incremento de su participación.
Este aumento de las participaciones de las antiguas cajas en los bancos se podrá materializar a través de los fondos de reserva, según ha explicado el ministro de Economía, quien ha calificado el cambio como "razonable" para garantizar la solvencia y permitir la "independencia" de las entidades.
Otras de las modificaciones del anteproyecto tiene que ver con la política de dividendos, pues deberá ser aprobada por el 66% de los accionistas con derechos de voto, frente al 75% contemplado anteriormente.
"Se quiere mejorar la profesionalidad de los órganos de gobierno e independencia del consejo de los poderos públicos", ha concluido Guindos.
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