Madrid, 10 feb.- El Gobierno español aprobó hoy una reforma laboral que calificó de "histórica" con el objetivo de flexibilizar el mercado de trabajo y atajar el galopante desempleo, que alcanza ya al 23 por ciento de la población activa.
La reforma también se centra en lograr la contratación de jóvenes menores de 25 años, ya que, como recordó la ministra de Empleo, Fátima Báñez, "uno de cada dos jóvenes españoles que quieren trabajar no puede", en alusión a la tasa de paro juvenil del 48 por ciento.
Para reducir esa "sangría" del desempleo, como la calificó Báñez, el ejecutivo conservador de Mariano Rajoy abarató los despidos, al reducir la indemnización para trabajadores fijos que sean despedidos de forma improcedente desde los actuales 45 días por año trabajado a sólo 33, con un máximo de 24 mensualidades, en lugar de las 42 de ahora.
La titular de Empleo aclaró que se respetarán los derechos adquiridos por los trabajadores que son ya fijos, y que para los contratos antiguos la nueva indemnización de 33 días sólo se aplicará para el periodo de trabajo a partir de ahora.
El despido objetivo -que permite a las empresas echar a empleados por causas económicas, organizativas, técnicas o de producción- mantiene la indemnización de 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades, pero se dan facilidades a la empresa, de manera que la disminución persistente de ingresos "durante tres trimestres consecutivos" será motivo suficiente para recurrir al despido.
También se abre la posibilidad de que los organismos y entidades del sector público invoquen causas económicas, organizativas, técnicas o de producción para redimensionar plantillas,
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró que la reforma "marcará un antes y un después" en la legislación laboral española.
La dureza de esta reforma estructural del mercado laboral ya había sido adelantada de manera indirecta por los principales responsables del ejecutivo español.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, fue "cazado" por un micrófono abierto cuando le decía, en una conversación informal al primer ministro finlandés, Jyrki Katainen, en una cumbre de la UE, que "la reforma laboral me va a costar una huelga general".
Ayer, el ministro de Economía, Luis de Guindos, también fue pillado comentándole al comisario europeo de Economí, Olli Rehn, que su gobierno se disponía a adoptar hoy una reforma "muy agresiva".
Con la medida, que entrará en vigor inmediatamente ya que fue aprobada en forma de decreto-ley, el Gobierno de Rajoy pretende poner coto al imparable desempleo, aunque el propio jefe del ejecutivo reconoció ayer que no será posible crear empleo neto este año, mientras un estudio del BBVA estimó una tasa de paro del 26,6 por ciento para 2013.
Desde la izquierda del Partido Popular, las reacciones fueron de crítica a la reforma, y así desde el exgubernamental PSOE, se calificó de "decretazo" que abarata el despido de todos los trabajadores y reduce su protección.
El portavoz del PSOE en la Comisión de Empleo, Jesús Caldera, expresó "dudas" sobre la legalidad y la posible inconstitucionalidad de la nueva norma, especialmente la rebaja en la indemnización por despido de 45 a 33 días para los contratos indefinidos.
También dijo que la nueva ley hace posible que cualquier despido sea objetivo y se pague una indemnización de 20 días por año trabajado.
El coordinador de Izquierda Unida, Cayo Lara, hizo un llamamiento a la movilización "para responder en la calle a lo que es un ataque a los derechos laborales de los trabajadores".
La reforma incluye otras novedades, como la creación de un contrato indefinido para emprendedores, que podrán aplicar las Pymes con menos de 50 empleados, y que prevé una deducción de 3.000 euros (3.900 dólares) por la contratación de un primer trabajador menor de 30 años.
Se darán también pasos para controlar el fraude entre quienes reciben prestaciones sociales y la economía sumergida, así como para combatir el absentismo laboral. EFE
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