El gobierno incluye contratos alquiler, luz y agua en el plan de proveedores

El Gobierno ha incluido en la nueva fase del Plan de Pago a Proveedores contratos de arrendamiento de inmuebles o de servicios relacionados con sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.
Así consta entre las medidas, recogidas en un real decreto aprobado este viernes por el Consejo de Ministros, que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció durante el Debate sobre el Estado de la Nación.
El Gobierno ha impulsado la ampliación del Plan de Pago a Proveedores con una dotación de más de 2.600 millones de euros para facturas anteriores a al 1 de enero de 2012.
Como novedad, se podrán adherir las entidades locales del País Vasco y Navarra incluidas en el modelo de participación en tributos del Estados y las mancomunidades de municipios.
Además, se podrán beneficiar los municipios de la primera fase y las comunidades autónomas con nuevos contratos incluidos en esta etapa, entre ellos concesiones administrativas, encomiendas de gestión o convenios.
También los citados contratos de arrendamientos de inmuebles, los relacionados con sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.
A ellos se unen determinados contratos de concesión de obras públicas, de gestión de servicios públicos y de colaboración público-privada.
Desde el Gobierno, indicaron que en esta ampliación del plan se dará una segunda oportunidad a proveedores de entidades locales y comunidades autónomas.
MOROSIDAD
Por otra parte, entre las medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, se establece un plazo de pago de 30 días para todas las operaciones privadas, ampliables “como mucho” a 60.
En este marco, se establece una mayor penalización de la mora, con un aumento de los intereses y con la obligación del pago de una cantidad fija.
SECTOR FERROVIARIO
En cuanto al sector ferroviario, el Ejecutivo ha aprobado en el marco del proceso de liberalización que a partir del 31 de julio empresas privadas pueda operar algunas rutas con “finalidad prioritariamente turística”.
El Gobierno licitará un número determinado de habilitaciones a través de un proceso público y competitivo.