El gobierno subvencionará en 2015 a industrias por emisiones indirectas de co2

El Consejo de Ministros aprobó este viernes un real decreto por el que crea un mecanismo de compensación de los costes indirectos imputables a las emisiones de gases de efecto invernadero repercutidas en los precios de la electricidad de algunos sectores industriales.
De este mecanismo podrán beneficiarse las instalaciones pertenecientes a ciertos sectores industriales expuestos a un riesgo significativo de deslocalización por la desventaja competitiva derivada del mayor coste medioambiental ("fuga de carbono").
Este mecanismo de compensación tiene la finalidad de evitar que un beneficiario esté expuesto a un riesgo significativo de fuga de carbono, cuando los competidores de terceros países no se enfrentan a los mismos costes de CO2 en los precios de la electricidad y cuando el beneficiario no puede repercutir esos costes en los precios del producto sin perder una parte significativa del mercado.
Desde el punto de vista comercial, la norma afectará a la competitividad exterior de la industria española, al contribuir a equilibrar las cargas derivadas de una adecuada protección ambiental con respecto a países no comprometidos con el Protocolo de Kioto y a incrementar las exportaciones industriales, especialmente en aquellos productos en riesgo de "fuga de carbono".
El ámbito de aplicación temporal de este mecanismo de compensación se limita a las subvenciones que se convoquen para 2015.
COSTES Y BENEFICIARIOS
El real decreto fija los parámetros y el método de cálculo de los costes subvencionables y la determinación del importe máximo de la ayuda que podrá abonarse por instalación. Los beneficiarios de las ayudas serán ciertas industrias químicas, metalúrgicas, papeleras y algunas subsectores del sector de la fabricación de primeras materias plásticas.
Además, regula el procedimiento de gestión de las ayudas y determina que el órgano competente para instruir y convocar el procedimiento será la Dirección General de Industria y de la Pyme, mientras que la resolución corresponde al ministro de Industria, Energía y Turismo. Se establece la tramitación electrónica obligatoria en todas las fases del procedimiento.
Asimismo, establece la composición de la correspondiente Comisión de Evaluación, que será presidida por la secretaria general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, así como el régimen jurídico aplicable a la misma.
Finalmente, determina el sistema de justificación, comprobación y control de la ayuda. Está previsto un sistema de reintegros en los casos de que se hayan producido incumplimientos o de que la ayuda recibida sea superior a la justificada.