Domingo, 21.04.2019 - 10:52 h
Pérdida de poder adquisitivo

El IPC en 1,7% reduce al mínimo la paga compensatoria a los pensionistas en 2019

El Gobierno todavía no ha determinado si tendrá en cuenta el dato de noviembre o el de diciembre para compensar a los jubilados por la desviación.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) acaba de confirmar que la tasa anual del Índice de Precios de Consumo (IPC) cerró el pasado mes de noviembre en el 1,7%. El dato no es baladí, pues, de tenerse en cuenta a la hora de calcular la 'paguilla' compensatoria que se abonará en 2019 para aliviar la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas, dejaría la factura en un máximo de 260 millones de euros, cifra bastante inferior a la inicialmente estimada por los responsables de la Seguridad Social y que reduce al mínimo el impacto en las cuentas públicas.

El Gobierno vigila de cerca la evolución de la inflación. El dato de la recta final del año pesa en el cálculo de una de las medidas estrella que se pretenden llevar al Consejo de Ministros de Barcelona el próximo viernes: el decreto de revalorización de las pensiones. El Ejecutivo se comprometió a compensar a los pensionistas en una paga extraordinaria a principios del año que viene si el IPC se desviaba sobre el 1,6% que subieron las prestaciones este año, pero el Ministerio de Trabajo todavía no ha decidido si tendrá en cuenta el dato del mes de noviembre (referencia habitual, de acuerdo con la legislación anterior) o el de diciembre para calcular esa 'paguilla'.

Y no es una cuestión menor. Cada décima de desviación de los precios tiene un coste para la Seguridad Social de 128,6 millones de euros. Por eso, cuanto más se acerque a ese porcentaje el dato elegido para el cálculo, menor será el desembolso para las arcas públicas, incluso, la factura podría reducirse a cero si la cifra es igual o menor a ese 1,6%.

A la espera de lo que suceda en diciembre, si finalmente se decide tomar como referencia el dato del penúltimo mes del ejercicio, la Seguridad Social tendrá que abonar solo la diferencia por una décima, es decir, 128,6 millones de euros, cantidad que se eleva hasta 257 millones en caso de consolidarse en la nómina, como suele ser habitual. 

Puede parecer una cantidad poco relevante, sobre todo en comparación con la estimación inicial, que disparaba la factura hasta 772 millones de euros con un IPC previsto para diciembre del 1,9%. Sin embargo, no lo es, por la sencilla razón de que no existe "ni la norma ni el dinero para compensar la desviación". Son palabras textuales del secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, quien llegó a asegurar ayer que en el Gobierno están "rezando" para que no haya desviación de la inflación respecto a la revalorización del 1,6 % de las pensiones aplicada en 2018.

El problema es que los Presupuestos de 2018 no incluían esta partida y ahora, el Gobierno tiene que tirar de "imaginación contable" para subir las pensiones. También son declaraciones de Granado, quien destapaba recientemente en una comparecencia ante la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados la ausencia de este reflejo contable.

Ante este escenario, los ministerios de Trabajo, Economía y Hacienda monitorizan de cerca la evolución de la inflación en la recta final del ejercicio para terminar de cuadrar la fórmula con la que calcularán la 'paguilla',  siempre que el resultado de la ecuación le salga a pagar.

Estadística ha explicado que el IPC bajó un 0,1% en noviembre en relación al mes anterior y recortó seis décimas su tasa interanual, hasta el 1,7%, su menor nivel desde el pasado mes de abril. Una caída inesperada que el INE atribuye al descenso de los precios de la electricidad, del gasóleo para calefacción, de los carburantes, de los paquetes turísticos, y de algunos alimentos, como las frutas y el aceite.

El inesperado descenso de la inflación en noviembre ha pillado por sorpresa no solo a los analistas, sino también al Gobierno, que echa cuentas estos días para intentar reducir al máximo la factura de las pensiones y evitar tensar más la sostenibilidad financiera del sistema. La nómina mensual bate récord tras récord y se acerca peligrosamente a los 9.300 millones de euros, tras las fuertes subidas que se activaron con la entrada en vigor de los Presupuestos de 2018. Un informe presentado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en el Pacto de Toledo sitúa el déficit estructural del sistema en el 1,5% del Producto Interior Bruto (PIB) y algunas estimaciones apuntan a un desfase de 19.000 millones de euros este año y 20.000 millones en 2019.

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