El Fondo de Garantía Salarial, más conocido como Fogasa, actúa como última cobertura pública para que los trabajadores de empresas en quiebra puedan percibir sus salarios e indemnizaciones con cierta normalidad en tanto las empresas recomponen sus cuentas para hacer frente a las obligaciones contraídas. La misma naturaleza del fondo engendra un riesgo: la recuperación de los salarios adelantados depende o bien de que las empresas salgan adelante o bien de que su patrimonio alcance para compensar los sueldos adelantados por el fondo público. No hace falta decir que esto no siempre ocurre.
En los últimos años, especialmente como consecuencia de la crisis, el Fogasa ha acumulado un importante patrimonio constituido por 81 bienes y valorado en más de 35 millones de euros a golpe de adjudicarse activos en compensación por los salarios pagados a trabajadores de empresas en quiebra y nunca recuperados en el marco de los convenios suscritos con éstas.
Los llamados convenios de recuperación -o acuerdos de devolución aplazada- regulan la relación entre las empresas declaradas en situación de insolvencia y el Fogasa para el reintegro de los salarios e indemnizaciones adeudados por la empresas a sus trabajadores y de los que se hace cargo temporalmente el fondo público para evitar un perjuicio a los trabajadores. Cuando esa devolución no se produce y la empresa va a liquidación, el Fogasa suele recibir su compensación 'es especie', en forma de inmuebles, acciones, maquinaria o bienes de propiedad industrial (patentes y otro tipo de derechos).
La ley que regula el funcionamiento del Fogasa establece que el fondo deberá devolver esos bienes al tráfico jurídico patrimonial "de la forma más inmediata posible", pero lo cierto es que eso no ha ocurrido. Según el informe de auditoría de las últimas cuentas anuales del Fogasa, el Fondo no solo no ha reintegrado con urgencia esos bienes al tráfico jurídico patrimonial sino que desde 2010 solo ha ejecutado una operación de venta, que apenas le ha reportado 43.300 euros.
A juicio de la Intervención General del Estado, la gestión que el Fogasa ha realizado de este patrimonio "constituye un incumplimiento de lo dispuesto en la ley". De hecho, y a pesar de que la Intervención del Estado alertó de esta situación en sus informes de los años 2013, 2014, 2015 y 2016, el Gobierno del Partido Popular no adoptó ninguna decisión en este sentido hasta 2016, cuando aprobó una resolución para iniciar los trámites para la enajenación ordenada de los bienes en el balance del Fogasa, con el saldo antes mencionado que equivale al 0,12% del patrimonio total de la entidad.
La IGAE obliga a Fogasa a realizar una valoración actualizada
Muchos de estos bienes - inmuebles, maquinaria, acciones, bienes de propiedad industrial o activos financieros - llevan años con el cartel de 'disponibles para su venta' colgado, lo que ha llevado a la Intervención General del Estado a exigir al Fogasa la documentación correspondiente para "verificar su correcta valoración en balance y su control, así como las actuaciones realizadas en orden a preservar su valor".
No es la única deuda que arrastra el Fogasa, a juzgar por el informe de la Intervención. El Fondo presenta un agujero de 76,5 millones de euros por los derechos de cobro generados por los convenios suscritos con empresas en problemas y que han pasado a la categoría de 'deudores de dudoso cobro'. El 70% de estos fondos vienen de antes del año 2013, del periodo más duro de la crisis financiera.
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