El plan de emergencia del Ministerio de Fomento para sustanciar en un proceso exprés de 12 meses la recuperación de la titularidad estatal de las cuatro radiales y cinco autopistas de peaje rescatadas de la quiebra y su posterior readjudicación a empresas privadas en condiciones más acordes a la realidad del mercado, pero que también permitan amortiguar en parte el agujero generado a las arcas públicas, es contemplado por el mercado en un rango intermedio que podría situarse entre la ambición excesiva y la probable inviabilidad.
Actores relevantes del panorama inversor como la responsable del Área de Infraestructuras de S&P, Mar Beltrán; el 'managing director' del fondo de inversión australiano Macquarie, Manuel Beldarraín; o el director de Inversiones del fondo de inversión en infraestructuras Meridiam, Sergio Rodríguez Casado, coinciden en su escepticismo ante la capacidad institucional del Gobierno para solventar en los plazos previstos una operación tan compleja.
Y es que la misma no sólo exige una gestión ágil de todo el entramado burocrático necesario para sustanciar el proceso de contratación pública, sino que requerirá de un alto nivel de concreción sobre las condiciones en que se van a adjudicar esas infraestructuras, que sus futuros gestores deberán rentabilizar durante un periodo de 25 años y, esta vez sí, sin el colchón de saber que si la cosa va mal el Estado asumirá la factura.
"Yo no creo que vaya a haber problema con los inversores, hay apetito por invertir y ya han demostrado que pueden valorar una operación de esa naturaleza en un periodo corto de tiempo, tengo más dudas de la capacidad institucional para sacar los proyectos adelante", señaló Mar Beltrán, de Standard & Poor's en una jornada sobre infraestructuras organizada por Deloitte y el diario ABC.
El plan del Ministerio de Fomento pasa por recuperar la titularidad del conjunto de las nuevas autopistas rescatadas lo antes posible, para conseguir sacar a licitación antes de que acabe junio los dos lotes en que se agruparán éstas - un primer lote con las radiales de Madrid y las vías periféricas a la capital y un segundo lote con las autopistas de Levante- y sustanciar el proceso de adjudicación de las autopistas en diciembre, con el margen suficiente para liquidar la entrega y el cobro de la adjudicación antes de que finalice el año.
¿Por qué tanta prisa? Porque el proceso de reversión de las autopistas rescatadas generará un coste de unos 2.000 millones de euros al erario público y si el Gobierno quiere atenuar el impacto de esta factura sobre el déficit público tendría que computar este mismo 2018 los ingresos generados por la readjudicación de las vías. El objetivo final es que el coste del proceso se reduzca a 1.000 millones.
Demasiadas prisas
Para conseguir ese objetivo, Fomento tendrá que conseguir dos cosas. Uno: recuperar las fianzas constituidas en su día por las empresas concesionarias de las autopistas rescatadas en concepto de cobertura financiera para sus planes de construcción y explotación, una vía que le permitiría ingresar entre 250 y 300 millones de euros, pero que las empresas de las concesiones reclaman para sí. Dos: obtener de la adjudicación de los dos lotes previstos unos ingresos de entre 750 y 1.000 millones de euros, una valoración que ofrece dudas al mercado y que desde el propio Ministerio de Fomento se califica como "aspiracional".
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