El posible recurso contra la Ley de Cajas une a PP, BNG, patronal y sindicatos

Santiago de Compostela.- La posibilidad de que el Gobierno pueda recurrir la ley gallega de cajas ha unido hoy al PP, el Bloque Nacionalista Gallego, patronal y sindicatos de Galicia, que han suscrito un manifiesto en el que piden al Ejecutivo que recapacite.

En la sala del Estatuto del Parlamento gallego, dirigentes políticos, sociales y empresariales firmaron el escrito y reclamaron al Ejecutivo que no alegue esta norma, lo que podría decidirse en el Consejo de Ministros de hoy, después de que el Consejo de Estado haya emitido su dictamen sobre este asunto.

El secretario general del PP gallego, Alfonso Rueda, expresó su satisfacción por la presencia de partidos "de distintas sensibilidades" y de los agentes sociales en este acto.

De lo que se trata es de dar el mensaje al Gobierno de que "no nos vamos a quedar callados; que Galicia, como dice el manifiesto, tiene derecho a su autonomía financiera; a no desaparecer del mapa estatal y a tener una caja fuerte".

El dirigente popular consideró que el acto de hoy revela que la mayoría social apuesta por la galleguidad de las cajas y que la solvencia está garantizada, por los informes de la administración y las auditorías que revelan que es viable una fusión.

"Queremos reivindicar el derecho a que no nos las lleven fuera", dijo Rueda, quien recordó que la Ley de Cajas fue aprobada por una "amplia" mayoría del Parlamento, aunque no recibió el apoyo del PSdeG, única fuerza del arco político que no firmó el manifiesto.

El líder del BNG, Guillerme Vázquez, empleó el lema del manifiesto, "Galicia tiene derecho", para ratificarse en que la Comunidad precisa de un sistema financiero eficiente y "al servicio del país".

Ante el intento de "humillación" de la soberanía de Galicia, la sociedad gallega debe "reaccionar", señaló Vázquez, que reclamó al Gobierno "que reflexione, que lo piense, que no presente el recurso".

Mientras, el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Antonio Fontenla, consideró que ante la "grave" situación económica actual cobra especial importancia la necesidad de que no se retrase el proceso de concentración de la cajas.

"No podemos perder las cajas gallegas" en un momento en que se está reordenando el sector financiero, apuntó el dirigente empresarial, que alertó sobre la posibilidad de que las entidades financieras puedan acudir al FROB si se dilata el proceso.

Por su parte, el secretario general de la Confederación Intersindical Gallega (CIG), Xesús Seixo, afirmó que la firma del manifiesto no se ha hecho "por voluntad propia", sino que obedece a la posibilidad del recurso a la Ley de Cajas, lo que consideró un hecho "realmente grave".

El recurso, apuntó, supondría "un ataque a nuestra autonomía, a nuestro autogobierno y nuestra soberanía para decidir" aspectos como el sector financiero, ante lo que dijo esperar que el manifiesto sirva para que el Gobierno recapacite y "no se tire abajo algo que levantó enormes espectativas", en lo que constituiría "un atropello".

Mientras, el secretario de organización de CC.OO. en Galicia, Carlos Pardo, recordó que su sindicato tiene claro el carácter social y territorial de las cajas de ahorros, de las que destacó que su capacidad de decisión debe residir en Galicia.

El sindicalista indicó que en el acto de hoy se denuncia "un poco preventivamente" el recurso del Gobierno central, que CC.OO. no comparte porque supone un "ataque" al principio de autogobierno de Galicia y un "agravio comparativo" con otras autonomías que cuentan con leyes similares.

También Irene Martínez, secretaria de Organización de UGT-Galicia, insistió en que, desde el primer momento, su sindicato consideró que si no era viable la continuidad de dos cajas en Galicia, debería crearse una sola, gallega y solvente, con democratización de sus órganos y con una labor social.

La sindicalista apeló a que tanto en el ámbito político como de la técnica jurídica se aceleren los trámites para que se pueda acometer la fusión y "no nos encontremos con una imposibilidad" de la fusión por el fin de los plazos previstos para ello.