El verdadero drama de Nueva Rumasa no está en los inversores, sino en el empleo

Los problemas financieros del grupo Nueva Rumasa, presidido por José María Ruiz Mateos, han hecho saltar las alarmas sociales.

El pasado jueves, diez compañías pertenecientes al holding (Carcesa, Clesa, Garvey, Hotasa, Dhul, Elgorriaga, Hibramer, Trapa, Carcesa, Quesería Menorquina y el equipo de fútbol Rayo Vallecano) solicitaron el preconcurso de acreedores, lo que les otorga un plazo de 4 meses para negociar un plan de pagos (debe 700 millones) y evitar declararse insolventes.

Según la familia Ruiz Mateos, la medida se ha adoptado para proteger los intereses de los empleados y de los inversores que han depositado su confianza en el grupo, pero, en realidad, ha puesto en alerta a más de 15.000 personas.

A los 5.000 inversores que se han visto afectados por acudir a las emisiones de pagarés (un título a través del cual una empresa o persona se compromete a abonar a otra un dinero en un tiempo determinado), se suman los más de 10.000 trabajadores del grupo, que ven peligrar su propio puesto de trabajo.

De hecho, muchos de ellos acumulan retrasos en el cobro de sus nóminas. Éste es el caso de los trabajadores de Clesa, Royne, Quesería Menorquina y Carcesa. A algunos, incluso, Nueva Rumasa les debe hasta tres pagas.

Y la reacción de los sindicatos no se ha hecho esperar. Tanto CCOO como UGT han declarado, a través de un comunicado, que la situación es "preocupante y alarmante". De ahí que sus servicios jurídicos ya estén estudiando diferentes líneas de actuación. Entre ellas, personarse en el proceso judicial para garantizar el cobro de los salarios y el mantenimiento de los empleos.

Los agentes sociales han adoptado esta postura tras cerciorarse de que hay intranquilidad e incertidumbre entre los empleados de Nueva Rumasa.

Por ello, además de intervenir directamente, exigen al Gobierno y a las Comunidades Autónomas que tomen un papel más intenso. Por el momento, el Ejecutivo ha salido del paso asegurando que hizo lo posible para prevenir a los inversores sobre los riesgos de los productos de inversión que ofrecía Nueva Rumasa, que prometía una rentabilidad muy elevada.

La ministra de Economía, Elena Salgado, también ha señalado que ya se cambió la legislación para obligar a que este tipo de emisiones se tuvieran que realizar a través de un intermediario financiero. Además, ha recordado que la CNMV, el regulador de la bolsa española, advirtió siete veces a los inversores de que se informaran antes de invertir.

Sin embargo, las advertencias no sirvieron. Más de 5.000 personas acudieron a la emisión de pagarés del grupo y ahora están pendientes de saber si Nueva Rumasa tiene capacidad de pago. De momento, la única garantía que tienen es la palabra del presidente del grupo, que ha declarado que se "pegaría un tiro antes que dejar de pagar a un inversor de Rumasa".