Murillo había detallado ya que el cangrejo rojo fue introducido en España a principio de los años 70, precisamente por el Ministerio de Medio Ambiente de aquella época, para favorecer "el desarrollo de zonas rurales deprimidas económicamente", siempre que la especie encontrase "vacío el nicho ecológico", es decir "que no interfiriese en las especies autóctonas".
Y es así como a lo largo de casi 50 años, el cangrejo rojo "se ha naturalizado totalmente en las marismas del Guadalquivir", dado que su población "no afecta a las especies autóctonas". No obstante, en 2011 el Catálogo de Especias Exóticas Invasoras incluyó en su listado al cangrejo rojo, extremo resuelto "mediante un real decreto" acompañado de una disposición adicional específica. Gracias a dichos instrumentos normativos, según Valentín Murillo, se permitió la pesca y comercialización del cangrejo rojo "como recurso zoogenético para la alimentación".
La sentencia del Supremo, merced a las acciones legales de los ecologistas, anula precisamente los mencionados instrumentos normativos que permitían la pesca y venta del cangrejo rojo.
Y dado que "el 70 por ciento de la población de Isla Mayor depende" de la pesca del cangrejo, esta sentencia constituye todo un "desastre" económico para la comarca del Bajo Guadalquivir, puesto que aunque Isla Mayor es "el centro neurálgico de la actividad productiva", hay pescadores y actividad relacionada con el sector en Puebla del Río, Coria del Río, Los Palacios y Villafranca, El Cuervo, Utrera, Pilas, Trebujena (Cádiz) y Almonte (Huelva).
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