"Es decepcionante que la democracia no nos haya traído una mayor transparencia ni la limpieza de las playas de Palomares (la localidad del sureste del país afectada)", afirma a la AFP Francisco Castejón, el portavoz de la campaña antinuclear de Ecologistas en Acción.
Hace cinco decenios, en enero de 1966, un bombardero B-52 de la fuerza aérea de los Estados Unidos y un avión cisterna chocaron en pleno vuelo dejando caer en esta localidad de Almería (sureste de España) cuatro bombas termonucleares.
Aunque éstas no detonaron, dos de ellas se rompieron y dispersaron una cantidad desconocida de plutonio. Para descontaminar la zona, el gobierno del dictador Francisco Franco enterró a sólo treinta metros bajo tierra los residuos nucleares.
Después, el ministro Manuel Fraga, fundador del Partido Popular (ex Alianza popular, derecha), se bañó en las playas de la localidad con el objetivo de tranquilizar a sus habitantes, dando lugar a una de las imágenes más emblemáticas de la propaganda franquista.
Pero en una investigación realizada entre 2004 y 2007, las autoridades descubrieron restos de radioactividad en unas 40 hectáreas de la zona.
"La exposición externa para la población es irrevelante", asegura sin embargo un informe del Consejo de Seguridad Nacional.
El pasado mes de octubre el secretario de Estado estadounidense, John Kerry, anunció en Madrid un "acuerdo vinculante para cooperar con el saneamiento de Palomares".
Éste permitiría trasladar 50.000 metros cúbicos de tierra contaminada a un almacén de residuos en Estados Unidos.
"Es la primera vez que se hace público un acuerdo sobre Palomares. Pero éste deja varias preguntas en el aire: no sabemos los plazos, ni el cómo ni quien financiará el proyecto", lamenta el periodista Rafael Moreno, que ha publicado recientemente el libro "La historia secreta de las bombas de Palomares".
Y "no hay datos oficiales para saber si en Palomares ha habido una incidencia mayor o no del cáncer", asegura.
Unas "120 personas han dado positivo por plutonio, pero las autoridades dicen que esto no ha perjudicado su salud", explica Raquel Montón, responsable de la campaña antinuclear de Greenpeace.
"No puede ser que sigan siendo secretos los trabajos de descontaminación", se queja por su parte Francisco Castejón, de Ecologistas en Acción.
Hasta 2010, Washington pagó cada año una indemnización de 314.000 euros para financiar tareas de descontaminación y análisis de sangre a los más de 1.000 habitantes de la zona.
Las playas de Palomares estuvieron estigmatizadas durante décadas y los productos agrícolas se comercializaron en Europa con una denominación distinta.
Aunque, según Rafael Moreno, "ha llegado el momento de hacer un uso positivo de la historia y construir en la localidad un centro de estudio de la época nuclear".
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