Barcelona, 3 ene.- El portavoz del PPC en el Parlament, Enric Millo, ha pedido hoy las comparecencias de los consellers de Economía, Andreu Mas-Colell, y de Sostenibilidad, Santi Vila, así como el predecesor de este último, Lluís Recoder, por la privatización de Aigües-Ter Llobregat (ATLL).
Millo ha valorado así la resolución del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña respecto a la privatización de la empresa Aigües Ter-Llobregat, que deja en el aire la concesión a la empresa Acciona tras un recurso de Aguas de Barcelona (Agbar).
El portavoz popular ha pedido la comparecencia del conseller saliente, Lluís Recorder, del nuevo conseller de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, y del titular de Economía, Andreu Mas-Colell, para que expliquen públicamente en el parlamento catalán "qué ha pasado, por qué se han hecho las cosas tan mal, cómo esta mala gestión afectará a las finanzas públicas de la Generalitat y cuál es el costo que se puede derivar en materia de daños y perjuicios con respecto a la empresa adjudicataria".
Millo también ha avanzado: "a partir de aquí pediremos que se asuman las responsabilidades políticas necesarias por el perjuicio económico causado a las finanzas públicas de la Generalitat que después tienen que pagar todos los ciudadanos".
"Estamos -ha añadido- ante un auténtica chapuza que no permitirá a la Generalitat cumplir con el objetivo de déficit y que sólo puede responder o bien a que estamos en manos de una pandilla de incompetentes o bien a que hay intereses económicos ocultos que no se explican".
El portavoz ha recordado: "nosotros ya alertamos de la irresponsabilidad de hacer la adjudicación de una empresa tan importante en plena campaña electoral y a toda prisa, así como del hecho absolutamente irregular de firmar el contrato y cobrar los 300 millones de euros de la empresa adjudicataria por parte del Govern en funciones el mismo día que tomaba posesión el nuevo gobierno".
El portavoz popular también ha apelado a ERC "para que no ayude a tapar una irregularidad tan grave como ésta y a que se comprometa a garantizar la transparencia pública necesaria porque los ciudadanos tienen derecho a saber por qué se ha actuado tan mal en esta cuestión ".
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