En el caso de que España haya conseguido cerrar el ejercicio presupuestario de 2013 con un déficit público del 6,5% del PIB, como se comprometió con Bruselas, algo que no termina de estar claro, este año aún debería reducir el desequilibrio de su sector público hasta el 5,8%, en 2015 hasta el 4,2%, para llegar en 2016 a la meta del 3%, que constituye el déficit máximo que permite la normativa europea.
De seguir este plan a rajatabla, en los próximos tres años las Administraciones Públicas españolas deberían reducir el desequilibrio de sus cuentas en 3,5 puntos, lo que equivale a un ajuste de unos 36.000 millones de euros.
"No parece que el objetivo de 2014 requiera muchos más recortes", estiman desde la escuela de negocios ESADE, "pero los objetivos para 2015 y 2016 son más estrictos, especialmente si tenemos en cuenta el elevado endeudamiento público y el consiguiente pago de intereses".
Los economistas de ESADE han echado cuentas y para conseguir esa reducción del déficit el sector público nacional debería acumular un superávit primario anual (es decir, descontando las cargas por pago de intereses de la deuda) de entre el 2% y el 3% del PIB, es decir, de entre 20.000 y 30.000 millones de euros. Y, claro, no lo ven muy viable.
Por ello han llegado a la conclusión de que la única salida es negociar con Bruselas. En realidad, renegociar, porque España ya arrancó a mediados del año pasado a las autoridades europeas una suavización de su senda de corrección del déficit, no sin tener que soportar algún que otro comentario hiriente.
"Es necesario evitar que recortes adicionales puedan perjudicar el crecimiento a corto plazo", subraya el profesor de Economía de ESADE, Josep Comajuncosa.
La teoría de Comajuncosa es que con un crecimiento económico frágil, con poco margen ya para nuevas subidas de impuestos y con menos aún para nuevos ajustes presupuestarios, lo que necesita España para reducir su déficit es, por una parte, tiempo y, por otra, el respaldo de las autoridades europeas.
"Es importante que los objetivo fijados por las autoridades europeas sean lo suficientemente flexibles para adecuarse la realidad económica". A cambio, dice el profesor, los países del sur de Europa deben comprometerse a pagar hasta el último euro que deban a las entidades del núcleo de Europa o a los fondos de rescate en el caso de Grecia, Irlanda o Portugal.
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