Bruselas, 24 abr.- España y los otros diez países europeos que quieren implantar la tasa a las transacciones financieras han expresado a la Comisión Europea (CE) su preocupación por el efecto negativo que podría tener el gravamen sobre el coste de la financiación de gobiernos y empresas en el mercado de deuda.
Fuentes de la CE confirmaron hoy a Efe que el pasado día 16 España, Francia, Alemania, Bélgica, Austria, Eslovenia, Portugal, Grecia, Eslovaquia, Italia y Estonia pidieron en un documento elaborado en un grupo de trabajo y publicado por el centro de estudios Open Europe "algunas aclaraciones" sobre la propuesta que el Ejecutivo comunitario les presentó formalmente en febrero pasado.
"Los once países están todavía comprometidos con la tasa y es bastante normal en un proceso así que los Estados miembros pidan clarificaciones a la CE", señalaron las fuentes comunitarias.
En concreto, España y los otros diez países afirman que no está completamente claro cómo interactuaría la tasa sobre bonos soberanos con el coste de la deuda nacional y si el efecto negativo del encarecimiento de la financiación podría ser contrarrestado por los ingresos procedentes del gravamen.
El mismo argumento vale para los bonos que emiten las empresas, señalan en el documento.
La CE plantea, al igual que ya hiciera en su propuesta inicial de 2011, gravar con un 0,1 % las transacciones con acciones y bonos, participaciones de fondos de inversión colectiva, acuerdos de recompra y de préstamo de valores e instrumentos del mercado monetario, y con un 0,01 % las operaciones con derivados.
Los once gobiernos también afirman que el concepto de la "territorialidad" de la propuesta de la CE "no permitiría a cada Estado miembro recaudar toda la tasa pagada sobre los bonos emitidos y como resultado el encarecimiento del coste de financiación que tiene que soportar cada país debido a la aplicación del gravamen no sería necesariamente compensado".
El temor es que la tasa afecte a una compañía basada en un país pero sea recaudada por un gobierno en otro país.
Las fuentes comunitarias explicaron, sin embargo, que la propuesta de la CE excluye las emisiones de deuda en el mercado primario tanto para gobiernos como para empresas, así como las intervenciones de los Estados en el mercado secundario.
Además, alegan, la tasa tan reducida que se aplica a los bonos "no tendría un gran impacto en la deuda a largo plazo".
Por otra parte, los once países temen la "extinción" del mercado de repos -las operaciones de venta con pacto de recompra- en operaciones con deuda soberana, en las que más de dos tercios se desarrolla con una liquidez inferior a tres días.
El año pasado el Banco Central Europeo (BCE) advirtió del impacto de la tasa en ciertos de nuestros instrumentos de la política monetaria, especialmente en el mercado de repos.
Estos son un importante instrumento del mercado monetario para los que buscan liquidez o valores concretos, y suponen una alternativa a los préstamos sin garantías y a la emisión de valores a corto plazo.
"Las operaciones de repos son muy útiles para gestionar la liquidez del Tesoro y la desaparición de este mercado, combinado con la falta de alternativas viables conducirá a serios problemas en la gestión del riesgo", sostienen España y los otros diez países.
Además estos problemas que causaría según ellos la tasa en los mercados de repos afectarían a los bancos a la hora de gestionar su liquidez marginal y podrían causar "costes financieros más altos para la economía real" y afectar a la estabilidad financiera, indican.
La CE calcula que el impuesto permitirá recaudar entre 30.000 y 35.000 millones de euros al año y España podría recaudar anualmente casi 5.000 millones de euros.
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