Bruselas/Vitoria, 9 sep.- Representantes de las tres diputaciones vascas acudirán mañana a Luxemburgo para defender una vez más ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) haber recuperado ya el dinero de las llamadas "vacaciones fiscales vascas", declaradas ilegales, e intentar evitar una multa millonaria.
La vista, que comenzará a las 9.30 horas y se celebrará en la gran sala, reservada a casos destacados, dará la oportunidad tanto a los representantes vascos como al Ejecutivo comunitario de exponer durante 40 minutos sus argumentos, según han precisado a Efe fuentes del Tribunal.
Los 15 jueces, que decidirán sobre este caso relativo a las ayudas concedidas a empresas de nueva creación en la década de los noventa, no se pronunciarán inmediatamente, sino que su decisión final podría demorarse más de un año.
Tras la vista del martes, uno de los abogados generales de la corte emitirá sus conclusiones, y pasados unos meses y sobre esa base, la máxima instancia judicial comunitaria pronunciará su sentencia definitiva, que pondrá punto final a más de una década de litigo.
La cuantía de la sanción que podría reclamar la Comisión Europea a las diputaciones vascas aún es incierta ya que, según han precisado a Efe fuentes del Gobierno Vasco, variará en función de la multa diaria que podrían solicitar los jueces y del periodo en el que se aplicaría, que puede ser de 2006 a 2013 o quizás de 2006 a 2011.
Por parte de la Diputación de Álava acudirá a la vista su máximo representante, el diputado general Javier de Andrés (PP), mientras que por Bizkaia y Gipuzkoa viajarán a Luxemburgo los directores generales de Hacienda, Félix Ayarza (PNV) y Xabier Olano (Bildu), respectivamente.
La vista y la posible multa afecta a las últimas medidas de las llamadas "vacaciones fiscales vascas", que ya fueron declaradas ilegales por el Tribunal en julio de 2011.
La Comisión solicitó entonces que el Tribunal de la UE impusiera a España una sanción de 236.044 euros por cada día que transcurra desde que pronuncie sentencia sobre el caso hasta que el país acate la misma, es decir, más de 7 millones al mes.
El Ejecutivo comunitario reclamó también otra multa, de 25.817 euros por día, a contar desde que pidió la recuperación de las ayudas en diciembre de 2006.
Las medidas enjuiciadas en esta ocasión son el crédito fiscal del 45 % del importe de la inversión en activos fijos materiales nuevos que establecieron las diputaciones para favorecer la creación de empresas en el País Vasco, así como en las denominadas "minivacaciones fiscales", una reducción gradual de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades aplicada a partir de 1995.
En una etapa anterior, la Corte ya resolvió sobre una tercera rama de las "vacaciones fiscales vascas", que consistía en la exención fiscal durante diez años del Impuesto de Sociedades a empresas creadas entre 1993 y 1994, y que fue asimismo declarada ilegal y ha sido recuperada en su gran mayoría.
Las primeras sospechas sobre la legalidad del régimen de ayudas en el País Vasco llegaron a Bruselas en 1994, y la CE las declaró ilegales en 2001 y ordenó a España su supresión y recuperación.
Las diputaciones vascas han confiado en que el Tribunal de Justicia de la UE dé por bueno el trabajo efectuado por las instituciones forales para recuperar las ayudas y defenderán las actuaciones emprendidas, tanto en Bizkaia, como en Gipuzkoa y Álava.
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