Santiago Alarcó, el excuñado de Rodrigo Rato, se ha desmarcado de las operaciones societarias de la causa sobre el origen de la fortuna del exvicepresiedente del Gobierno. Alarcó, acusado de blanqueo de capitales, ha pedido su absolución por indefensión y por estar prescrita la única operación en la que tuvo parte. La defensa del acusado ha explicado durante la segunda sesión del juicio de Rato que la única operación atribuible a su defendido, una transferencia por valor de 120.000 euros, está prescrita, ya que fue ejecutada en 2006 y Alarcó fue llamado a declarar en 2018.
Esta transferencia de la sociedad Rubicón, en la que Alarcó figuraba como "mero directivo", fue ejecutada a Kradonara, presunto epicentro de la trama societaria de Rodrigo Rato. El abogado se ha referido al escrito de acusación de la Fiscalía, que indica que la sociedad "transfirió por supuestos servicios de consultoría 120.000 euros para su abono en Kradonara", algo que en su opinión es "una mera transferencia que además en otro punto del escrito figura como desconocida".
La defensa estima que ninguna irregularidad es atribuible a Alarcó, al no ser más que un directivo de Rubicón, en la que no tenía capacidad de gestión sobre las transferencias y siguió funcionando tras su marcha. Según el escrito de la fiscalía, el excuñado de Rato era el que "manejaba las cuentas de Rato, colaborador imprescindible que venía gestionando en el exterior las estructuras societarias de Rato", que "usaba a Alarcó para gestionar sus finanzas en el extranjero y conocía sus cuentas".
Pese a que la Fiscalía necesita "40 folios para describir la operativa de blanqueo de Rato", e incluye también cientos de operaciones, compras y transferencias de todo tipo, la única mención en esas 40 páginas a Alarcó es una, donde se dice lo de la transferencia de 120.000 euros, y se afirma que 'supuestamente' ese dinero lo envió Alarcó a Kradonara. La defensa del acusado considera que el término "supuestamente" es uno "que le gusta mucho a la Fiscalía, pero del que es difícil defenderse".
Consideran que a Santiago Alarcó no cabe atribuirle ningún hecho concreto más allá de esa transferencia ya expirada, y que "no ordenó porque era un mero directivo y ni tenía poderes ni era el dueño ni tenía capacidad de gestión". Es por ello que han solicitado la libre absolución del acuado, del que creen que se han "vulnerado su derecho a una defensa con garantías" ya que ni siquiera ahora, en la fase de juicio oral, ha tenido acceso a la totalidad del sumario.
Segunda sesión del juicio
En esta segunda sesión ha planteado también cuestiones previas la defensa del abogado Domingo Plazas, que asimismo ha pedido la absolución por prescripción. La Fiscalía pide para el exvicepresidente cerca de 70 años de cárcel por presuntos delitos de blanqueo de capitales, corrupción entre particulares y delito fiscal, conclusiones que comparte con la Abogacía del Estado.
En total son 17 los acusados, entre los que figuran el que fuera administrador de varias sociedades vinculadas a Rato, Miguel Ángel Montero, o el ex secretario general de Telefónica Ramiro Sánchez de Lerín, así como su antigua secretaria, Teresa Arellano, o el que fuera "mano derecha" de Rato, José Manuel Fernández Norniella.
