Fernando Martín dice al juez de Gürtel que Martinsa cumplió la legalidad

Madrid, 14 jul.- El presidente de Martinsa, Fernando Martín, ha asegurado hoy al juez instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, que la actuación de su empresa en relación con una operación urbanística en la localidad de Arganda del Rey en 2006 fue legal.

"La adjudicación de Arganda se hizo con la más estricta legalidad, con transparencia", ha afirmado Martín a la salida del TSJM, donde se ha acogido a su derecho a no declarar y se ha limitado a defender que su compañía actúo dentro de la legalidad y no tiene nada que ver con lo investigado en el caso Gürtel.

El presidente de Martinsa, a quien Pedreira imputa los delitos de cohecho, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública, ha añadido que sobre el tema de Arganda ya hay sentencias judiciales que acreditan que todo se hizo correctamente.

La Policía atribuye al presidente de la constructora Martinsa el pago de 12.870.000 euros en 2006 al cabecilla de la trama, Francisco Correa, como comisión para lograr la adjudicación de una operación urbanística en Arganda del Rey (Madrid).

Tras comparecer ante el juez, Fernando Martín ha explicado a través de un comunicado que se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar por entender que el TSJM no es competente para la instrucción del caso.

En la nota reitera que "ni él ni la compañía tienen relación alguna con los hechos que se relatan en el informe de la Policía, que no tiene nada que ocultar y que las pruebas demostrarán que se actuó correctamente", a lo que añade que la adjudicación en Arganda se realizó con total transparencia.

Por su parte, José Antonio Choclán, el abogado de Francisco Correa, ha comentado a la puerta del tribunal que su defendido se encuentra en la cárcel "mal" y que se siente "agraviado".

"No entendemos esta situación de rigor" por la que Correa lleva dos años y medio en prisión, es algo "absolutamente injusto", según Choclán, quien ha añadido que la prisión provisional bajo fianza de 15 millones de euros impuesta a su defendido es "excepcional" y jurídicamente no se puede explicar.

Esta mañana también han llegado al TSJM para declarar como imputado en el caso Gürtel el exalcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, y a los empresarios José Luis Ulibarri y Amando Mayo, quienes aún no han salido del Tribunal madrileño.