Barcelona, 18 jul.- La Fiscalía ha abierto diligencias de investigación por la denuncia presentada por la Generalitat ante los contratos que la Agencia Catalana del Agua (ACA) adjudicó en 2008 a una Unión Temporal de Empresas denominada DMA-Gestió que estaba representada por Joan Lluis Quer, quien fue gerente del ACA entre 2000 y 2004.
En concreto, la Generalitat denunció ante la Fiscalía las presuntas irregularidades cometidas por la Agencia Catalana del Agua en la etapa del tripartito, cuando estaba dirigida por Manuel Hernández, al adjudicar supuestamente a dedo a DMA-Gestió servicios de asesoría y consultoría por importe de 7,68 millones de euros.
La UTE DMA-Gestió estaba formada por Auditoría e Ingeniería, United Research Services España y Artenginy, cuyo representante era Joan Lluís Quer, que había sido gerente del ACA y que en la actualidad ocupa el cargo de presidente de la empresa pública Infraestructures.cat.
El fiscal indica en el escrito por el que abre diligencias de investigación que "las evidentes irregularidades puestas de manifiesto por las instituciones denunciantes son tan numerosas y presentan tan grosero calibre que el hecho de que concurran a la vez en una contratación pública de muy elevado importe por sí mismo constituye un indicio razonablemente sólido".
Entiende el fiscal que "la concreta configuración de la licitación y su adjudicación a la UTE antes referida pudiera haber sido pactada previamente con los adjudicatarios en detrimento del resto de competidores y del interés publico".
"A lo que se añade, y no es baladí, que el representante de la UTE en dicho procedimiento fue Joan Lluis Quer, quien había sido gerente del ACA entre los años 2000 y 2004 y cuyo influjo pudiera haber resultado determinante en estos hechos", agrega el fiscal.
Los contratos fueron examinados posteriormente por la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat, que apreció también "hechos perseguibles administrativa y judicialmente".
El informe de la Sindicatura señalaba que, antes de iniciarse el proceso de licitación del contrato, y según documentos acreditativos, hubo reuniones de coordinación entre el personal del ACA y las empresas que finalmente ganaron el concurso.
La Sindicatura también puso de manifiesto la "indefinición de los estudios a realizar" por la UTE y alertó que, a pesar de que el contrato principal sumaba 3,75 millones, luego se formalizaron 38 contratos más por tareas complementarias por valor de otros 3,93 millones.
Asimismo, resaltó que los trabajos del contrato principal no fueron "formalmente recibidos" por el ACA, y que los complementarios llegaron con un retraso medio "de unos treinta meses".
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