El Govern ha concluido la revisión de las alegaciones presentadas a la memoria catalana de la Ley de Vivienda, lo que se ha traducido en dos decisiones: reducir de diez a cinco el número de viviendas en propiedad para ser considerado gran tenedor y que los promotores de viviendas destinados al alquiler social no sean señalados como tales. Así lo ha explicado este miércoles la consellera de Territorio de la Generalitat, Ester Capella, en una rueda de prensa.
El número de viviendas se reducirá hasta los cinco inmuebles, ha explicado, ya que la alegación se ha resuelto favorablemente porque la nueva Ley de Vivienda aprobada en el Congreso contempla el cambio. Capella ha explicado que otra alegación que han aprobado es que los promotores sociales que tengan "como objeto la promoción de inmuebles de protección social destinados al alquiler" no serán considerados grandes tenedores, aunque los que se dediquen a vender las viviendas, sí.
Estas son las dos únicas alegaciones que han modificado la memoria inicial que preparó el Govern en junio y que cifra en 140 los municipios que son zonas tensionadas donde se deberá aplicar la limitación del alquiler que prevé la Ley. La consellera ha detallado que ha habido un total de 50 alegaciones que trataban cuatro ejes: la imposibilidad de aplicar la Ley en Catalunya; la compensación económica a los propietarios; la consideración de los promotores sociales como grandes tenedores, y el cambio de definición de los grandes tenedores.
El partido de Pere Aragonès ha presentado una solicitud para recurrir la Ley de Vivienda ante el constitucional, dado que entendían que era necesario reaccionar a este texto para "defender a la Generalitat", sin embargo, su Ejecutivo no va a modificar su política de vivienda y seguirá adelante con la declaración de zonas tensionadas. Así lo confirmaron fuentes del Departament de Territori a La Información. "La Ley de Vivienda está en vigor, por tanto, se puede aplicar y el Govern sigue decidido a declarar las zonas tensionadas", apuntan desde la cartera.
Cataluña fue la primera comunidad autónoma en anunciar que aplicaría la norma, ante los pronunciamientos en contra de líderes territoriales como la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. De hecho, a falta de que se resuelvan las alegaciones presentadas por los municipios y reciban la autorización del Gobierno central, el Govern ha propuesto topar el precio de los alquileres en 140 municipios y ha solicitado al ministerio de Raquel Sánchez que agilice los trámites para su aplicación.
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