Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) sorprendía esta semana al anunciar que su grupo parlamentario iba a proponer que el Parlament interpusiese un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Vivienda que ellos mismos respaldaron hace apenas unos meses. Este anuncio se producía días después de conocer el informe elaborado por el Consejo de Garantías Estatuarias (CGE) -a petición de Junts per Catalunya- en el que señalaba que la norma impulsada por el Gobierno central y pactada con EH Bildu y ERC vulnera una serie de competencias de la Generalitat como es la vivienda, el urbanismo y la autonomía financiera y de gasto. El partido de Pere Aragonès entiende que era necesario reaccionar a este texto para "defender a la Generalitat", sin embargo, su Ejecutivo no va a modificar su política de vivienda y seguirá adelante con la declaración de zonas tensionadas.
Así lo confirman fuentes del Departament de Territori a La Información. "La Ley de Vivienda está en vigor, por tanto, se puede aplicar y el Govern sigue decidido a declarar las zonas tensionadas", apuntan desde la cartera. Cataluña fue la primera comunidad autónoma en anunciar que aplicaría la norma, ante los pronunciamientos en contra de líderes territoriales como la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. De hecho, a falta de que se resuelvan las alegaciones presentadas por los municipios y reciban la autorización del Gobierno central, el Govern ha propuesto topar el precio de los alquileres en 140 municipios y ha solicitado al ministerio de Raquel Sánchez que agilice los trámites para su aplicación.
Los republicanos hacen gala así de una postura un tanto contradictoria, en la que se ven forzados a defender al mismo tiempo sus aportaciones al texto -que fue fruto de una extensa negociación con el PSOE- y las competencias de la Generalitat. En el comunicado compartido el miércoles, tras registrar su propuesta en el Parlament, explicaban que era necesario "defender a la Generalitat" y "mantener la esencia de la Ley en relación con los avances en materia habitacional", además recordaban las aportaciones realizadas a esta norma por ERC como el límite de los precios del alquiler o "poner freno a la especulación y los abusos que afectan a la ciudadanía", puntos que se incluían en la norma autonómica que fue declarada inconstitucional.
Sin embargo, esta argumentación lleva a una incongruencia. Entre los artículos que el grupo republicano busca recurrir se encuentra el 18, en concreto los artículos 1 y 4 que se refieren a la declaración de zonas tensionadas. El recoge la facultad de las "administraciones competentes en materia de vivienda" de declarar zonas de mercado residencial tensionado, mientras que el cuarto hace referencia al plan específico y el calendario de desarrollo que deberá presentar esa Administración para ponerlas en marcha. El dictamen del CGE señala que este estos puntos de la ley 12/2023 -entre otros-"vulneran la competencia exclusiva de la Generalitat en materia de vivienda del artículo 137.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña" y "no encuentran amparo" en el artículo 149.1.1 ni en el 13 de la Constitución.
Esta posición fue adoptada por siete de los nueve integrantes del Consejo consultivo, cuya función es velar porque las normas se adecúen a lo recogido tanto en el Estatuto de Autonomía como en la Constitución española, aunque sus dictámenes no son vinculantes. La vicepresidenta, Maria Jesús Larios Paterna, y Eduard Roig Molés discrepan de este y otros puntos en un extenso voto particular, en el que entienden que se puede haber cometido un fallo de técnica legislativa por el modo en el que se expresa la cuestión, pero no comparten que se produzca una invasión de competencias autonómicas.
Posible negociación de Junts y ERC para el recurso al TC
La votación de las propuestas para presentar un recurso de inconstitucionalidad se votarán en el Pleno del Parlament el próximo 1 de septiembre, pero está por ver si ERC y Junts van a iniciar una negociación con el objetivo de llevar un solo texto a la cámara. Fuentes consultadas de ambas formaciones admiten que esta es una posibilidad abierta e indican que existe margen para que se produzcan estas conversaciones a lo largo de la última semana de agosto, dado que es preciso que se reúna una mayoría simple para poder elevar el texto al Tribunal Constitucional. Los de Pere Aragonès cuentan solo con 33 escaños a pesar de gobernar en solitario tras la ruptura con Junts, que tienen 32 representantes, mientras que la CUP tiene otros 9.
Los socialistas (33), ya se han apresurado a decir que votarán en contra de esta propuesta, mientras que los comunes no han avanzado cuál será su postura (8), por lo que las esperanzas podrían recaer en que otros grupos que votaron en contra de la aprobación de la norma tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado -PP, CS y VOx- se abstengan. Si bien, el recurso podría caer en saco roto porque con carácter general el plazo para presentarlo son tres meses desde la publicación oficial de la ley en el BOE -24 de mayo- aunque puede ser ampliado hasta los nueve meses en el caso de que así lo acuerden el Gobierno central y la comunidad autónoma en la Comisión Bilateral de Cooperación.
En el caso de ver la luz, este recurso se sumaría a los ya presentados por los gobiernos de la Comunidad de Madrid, Andalucía y el País Vasco, mientras que Galicia valora hacerlo también. Por el momento, el Tribunal no los ha admitido a trámite, aunque el giro de ERC ha superado las 'fronteras' del territorio catalán, en un contexto marcado por las negociaciones para presidir al nuevo presidente del Gobierno. Por el momento, los partidos a la izquierda del PSOE han guardado silencio respecto a esta decisión a pesar de que choca directamente con el planteamiento de Sumar.
También ha tenido efectos en Bilbao, donde el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha tratado de 'sacarle los colores' a EH Bildu por haber apoyado esta norma. "La cabriola de ERC al apoyar una ley para luego recurrirla, solo es superada por la decisión de EH Bildu de apoyarla y justificar la invasión competencial que supone" escribió en redes sociales, donde también calificó de "huida hacia delante con consecuencias impredecibles" para el autogobierno vasco la postura del partido de Arnaldo Otegui. En ambos escenarios, tanto en el catalán como el vasco, resulta clave el hecho de que se celebrarán elecciones autonómicas en un periodo máximo de dos años.
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