Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha decidido presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Vivienda que ellos mismos aprobaron para defender el autogobierno de este territorio, un anuncio que ha caído como un jarro de agua fría para sus socios parlamentarios del bloque de la izquierda. Primero, porque pone en cuestión el trabajo de los grupos nacionalistas como EH Bildu que presumían de haber acabado con las "invasiones competenciales" que incluía el proyecto de ley presentado por el Gobierno. Y en segundo lugar, porque choca frontalmente con la estrategia de Sumar en materia de vivienda, que busca aumentar el peso del Estado frente a las autonomías que se nieguen a poner en práctica los instrumentos para controlar los precios del alquiler.
La formación encabezada por Yolanda Díaz ha sido clara, la vivienda constituye una prioridad de cara a las negociaciones con el PSOE para reeditar un gobierno de coalición y entienden que este movimiento de los republicanos dista de ser oportuno. "Pensamos que no es un buen momento, por como está la vivienda ahora mismo, especialmente en las grandes ciudades, para poner trabas a nada que pueda regular el precio de los alquileres", trasladan a La Información fuentes de En Comú Podem, uno de los quince partidos que se integran bajo el paraguas de Sumar y cuerda a la que pertenece su portavoz, Ernest Urtasun.
Los 'morados' catalanes creen que esta norma no supone un ataque al autogobierno y apuntan a que la prioridad es que se ponga en funcionamiento cualquier instrumento que pueda frenar la evolución al alza de los precios de los alquileres. En este sentido, el principal problema vendría dado por la voluntad de ERC de impugnar dos apartados del artículo 18 de la 12/2023 por el derecho a la vivienda, que regula la declaración de zonas de mercado residencial tensionado y faculta a las administraciones competentes a controlar los precios. Los independentistas se amparan en el dictamen emitido por el Consejo de Garantías Estatuarias de Cataluña en el que señaló que estos puntos vulneraban la competencia exclusiva de la Generalitat en materia de vivienda, recogida en el artículo 137 de su Estatuto.
Los republicanos defendieron que con la presentación del recurso ante el Constitucional su voluntad también es blindar los avances logrados en materia de vivienda, sin embargo, para las formaciones de izquierda, la mayoría de estos radicaban en el control del alquiler frente a las reticencias del PSOE. La 'mala posición' en la que puede dejar a algunos de los socios de ERC en el Congreso de los Diputados, más el hecho de que este paso se dé en plenas negociaciones para decidir los integrantes de la Mesa y reunir los apoyos para una eventual investidura de Pedro Sánchez, hacen que la posición adoptada por los de Gabriel Rufián en el Parlament corra el riesgo de tensar las relaciones en el seno del bloque progresista.
Por su parte, los diputados de EH Bildu han querido restarle importancia a esta cuestión en la rueda de prensa de este lunes. Su portavoz, Mertxe Aizpurua, ha destacado las aportaciones de ambos partidos para eliminar las invasiones de competencias que contenía el texto inicial y subrayar que sus socios de ERC no quieren recurrir los aspectos troncales de la ley, como la "regulación de alquileres, la declaración de zonas tensionadas, los mecanismos frente a los desahucios o los límites al aumento anual de rentas", aunque lo cierto es que la formación encabezada por Oriol Junqueras sí contempla el artículo referido a las zonas tensionadas entre los aspectos que vulneran el autogobierno catalán.
En lugar de cargar contra los republicanos, los vascos han querido mostrar sintonía con ERC y cuestionar la posición del Partido Nacionalista Vasco, quien también ha anunciado que promoverá un recurso de inconstitucionalidad contra la norma desde el Gobierno de Euskadi. Precisamente, el lehendakari realizó una publicación en redes sociales tras conocer la noticia en la que señaló que la determinación de EH Bildu de apoyar la Ley de Vivienda se trata de una "huida hacia delante con consecuencias impredecibles" para el autogobierno vasco. Mientras que el tercer eslabón del bloque nacionalista de izquierdas, el Bloque Nacionalista Galego (BNG) decidió abstenerse en la votación de la norma por estimar que incluía avances aunque invadiese competencias.
La presentación del recurso se votará el próximo 1 de septiembre en el Parlament y en el caso de prosperar, Cataluña se convertiría en la quinta comunidad autónoma en presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Vivienda, aunque por el momento ninguno de ellos ha sido admitido a trámite. Este lunes, el nuevo Gobierno de Baleares se ha sumado a Madrid, Andalucía y País Vasco -tres de los cuatro territorios gobernados por el Partido Popular- al anunciar que interpondrá un recurso por considerar que la norma invade competencias autonómicas. La consejera de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal, ha explicado que hasta nueve artículos y cuatro disposiciones de la ley vulnerarían su Estatuto de Autonomía.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios