Gobierno y comunidades analizan hoy los planes de ajuste para cumplir con el déficit

El Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que se dan cita los responsables del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y los consejeros autonómicos del ramo, se reúne este jueves en Madrid.
En el encuentro se analizarán los planes de ajuste financiero presentados por las comunidades para cumplir con la reducción de su déficit al 1,5% del PIB este año.
Se trata de la primera cita del Consejo de Política Fiscal desde que entrara en vigor, el pasado 1 de mayo, la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, lo que supone que se empezarán a aplicar los nuevos mecanismos de control para alcanzar los objetivos de déficit, que puede llegar a suponer la intervención de una comunidad.
En la última reunión del Consejo, el pasado 6 de marzo, las comunidades autónomas aceptaron la propuesta del Gobierno de que reduzcan su déficit al 1,5% del PIB este año. El acuerdo salió adelante con los votos favorables de todas las comunidades, menos tres, ya que Andalucía votó en contra y Cataluña y Canarias se abstuvieron.
Los gobiernos regionales presentaron a primeros de este mes de mayo sus planes de ajuste para cumplir con el objetivo del 1,5%, y según el Ministerio de Hacienda el pasado fin de semana se ultimaron la negociaciones con los mismos y se analizaron en los diferentes capítulos de ingresos y gastos.
Además, se estudiaron las medidas que se prevé adoptar para la aplicación de las modificaciones recientemente aprobadas respecto a los gastos de educación y sanidad.
El departamento de Cristóbal Montoro informó además de que dentro de los planes presentados “preocupa especialmente” el de Asturias, porque la situación de Gobierno en funciones existente en esa región impide que el mismo adopte compromisos en materia de ingresos y gastos que garanticen el cumplimiento de los objetivos de déficit.
El Ministerio encargó a la Abogacía del Estado y a la Intervención General que estudie la aplicación de la ley en el caso de Asturias, que dada su situación política no puede garantizar la adopción de medidas para el cumplimiento del objetivo de estabilidad, lo que puede suponer una tutela por parte del Estado de las cuentas de la región.