Madrid, 24 ene.- El Gobierno y el sector hortofrutícola confían en que el Parlamento Europeo diga "no" a la ratificación del acuerdo agrícola entre la Unión Europea (UE) y Marruecos y fuerce así su renegociación haciendo valer los incumplimientos del anterior tratado y su posible ilegalidad internacional al incluir al Sáhara.
Así lo han explicado representantes del sector tras la reunión que han mantenido esta tarde con el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete.
El ministro ha analizado el acuerdo con responsables de Cooperativas Agro-alimentarias, la patronal de los productores y exportadores Fepex y las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA.
El próximo jueves 26 de enero la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo vota su posición, mientras que el 15 de febrero será cuando el Pleno de la Cámara tome la decisión definitiva sobre un acuerdo totalmente "desequilibrado" para España y con efectos socioeconómicos devastadores.
En este sentido, los responsables han coincido en denunciar que Marruecos incumple tanto los cupos de exportación a la UE como los precios de entrada que establece el pacto actualmente vigente, lo que provoca el hundimiento del mercado comunitario.
El director de la patronal de productores y exportadores Fepex, José María Pozancos, se ha mostrado "optimista" ante la posibilidad de paralizar un acuerdo que crearía "un nuevo marco de competencia totalmente desconocido" hasta ahora y que "trasciende" lo agrario porque provocaría la destrucción de tejido social y económico en zonas del Arco Mediterráneo con más de un 30 % de paro.
Pozancos ha detallado ante los medios de comunicación que Marruecos cuenta con 35 millones de habitantes, una estructura productiva, clima y calendario de cosechas similar y con una mano de obra que cobra 60 céntimos a la hora, lejos de los 7 euros de España, por lo que no sería posible competir.
El presidente del Consejo Sectorial de Frutas y Hortalizas de Cooperativas Agro-alimentarias, Cirilo Arnandis, ha resaltado los trabajos del "lobby" español ante las instituciones europeas para paralizar un acuerdo que perjudicará el primer sector agrícola español y "el único" capaz de crear y mantener empleo actualmente.
En su intervención tras la reunión con el ministro, el presidente de la patronal agraria Asaja, Pedro Barato, ha precisado que el nuevo acuerdo "ni nos gusta, ni nos interesa ni defiende los intereses de España", al tiempo que apela a la responsabilidad para que, con los comicios electorales en Andalucía muy próximos, no "se utilice" la negociación como "instrumento político".
Para el secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Miguel López, existe unanimidad entre Gobierno y sector de que "no hay control exhaustivo" ni de los contingentes, ni de los calendarios ni de los precios de entrada actualmente y que el nuevo acuerdo vulnera además la legalidad internacional al incluir a los territorios del Sahara Occidental.
Por su parte, el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Lorenzo Ramos, ha advertido de que ratificar el acuerdo sería "la puntilla" para un sector que "lo está pasando mal", mientras que sólo contribuiría a "beneficiar a unos cuantos" en referencia a las grandes agroexportadoras y cadenas de distribución comercial.
En concreto, el texto del nuevo acuerdo liberaliza el comercio de todos los productos agroalimentarios, excepto los "sensibles", que en el caso de la UE son tomate, pepino, fresa, clementina, ajo, calabacín y azúcar, para los que se mantendría un sistema de preferencias arancelarias para un contingente cuantitativo.
En el caso del tomate, el más perjudicado, se prevé un considerable incremento del contingente de tomate alauí con régimen arancelario especial, que pasaría de las 233.000 toneladas anuales a las 285.000 toneladas en 2014.
Por otra parte, prevé la apertura de dos nuevos contingentes para la fresa de 3.600 y 1.000 toneladas, en los meses de abril y mayo, periodos extremadamente sensibles para la producción española.
En los demás productos se liberaliza prácticamente su exportación a la UE, estableciéndose una exención total de los derechos de aduana sobre el valor de la mercancía -ad valorem-, mientras se reduce un 30 % el precio de entrada para la práctica totalidad de la fruta de hueso y la uva de mesa, así como para los cítricos.
El sector hortofrutícola representa casi el 17 % del valor de la producción agrícola final de la UE, lo que supone alrededor de 50.000 millones de euros, mientras que en España el sector supone la mitad del empleo agrario y, en labores de producción, genera un total de 450.000 empleos, según datos del sector.
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