Govern recuerda que Bruselas ya validó el impuesto a grandes superficies

Barcelona, 2 oct.- El secretario de Empresa y Competitividad, Pere Torres, ha recordado hoy que la Comisión Europea ya examinó y validó en 2003 el impuesto catalán que grava a las grandes superficies, por lo que se ha mostrado convencido que Bruselas no encontrará "inconvenientes jurídicos" al impuesto.

Ayer, el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, explicó que la Comisión se había puesto en contacto con el Gobierno porque está "investigado" el diseño del impuesto autonómico que grava a las grandes superficies, ya que podría ser incompatible con el derecho comunitario.

Torres, en declaraciones a Efe, ha asegurado "no estar preocupado por si la Comisión puede encontrar inconvenientes al impuesto desde el punto de vista jurídico" porque ha asegurado que el ejecutivo europeo ya dio su visto bueno a la ley catalana en 2003 tras archivar el recurso presentado por la patronal de las grandes superficies, Anged.

"Lo que sí que nos preocupa", ha matizado, "es que quien nos ha de defender ante la Comisión es el mismo que quiere que deroguemos la ley", ha dicho en referencia al Gobierno y al secretario de Estado de Comercio.

Torres se ha preguntado "si no hay maniobras del Gobierno para decantar a la Comisión Europea en contra de los intereses de Cataluña" y ha recordado que, además de la Comisión Europea, en 2012 el Tribunal Constitucional ya avaló el impuesto catalán, creado el año 2000, tras el recurso interpuesto por el Gobierno de José María Aznar el año 2001.

No obstante, ha asegurado desconocer cuánto ha recaudado hasta ahora la Generalitat con este impuesto y que la cifra la maneja el Departamento de Economía.

Actualmente, gravan con un impuesto específico a las grandes superficies (aquellas que suman más de 2.500 metros cuadrados) Cataluña, Aragón, Asturias, Navarra, La Rioja y Canarias.

Estas tasas "medioambientales" gravan los metros cuadrados de un establecimiento por la contaminación que producen los consumidores al desplazarse en coche hasta ellos.

En el caso de Cataluña, donde el gravamen es de 17 euros por metro cuadrado, este impuesto se come entre el 30 y el 35 % del beneficio de un establecimiento, según Anged, que califica este tipo de tasas de injustificadas, discriminatorias e insostenibles.