Greenpeace ha detectado un total de 456 puntos negros de las negativas consecuencias sociales que tienen las agresiones al medio ambiente en España por los recortes presupuestarios durante la crisis económica, relacionados con la corrupción, la contaminación, el 'fracking', las 'puertas giratorias', las infraestructuras "inútiles" y la pobreza energética, aunque ha identificado 214 ejemplos positivos de políticas medioambientales a seguir.
Así se refleja en su primer informe 'Radiografía social del medio ambiente en España', presentado este miércoles en una rueda de prensa en Madrid por María José Caballero, directora de Campañas de Greenpeace, y Julio Barea, responsable del estudio.
El informe relaciona las infraestructuras "inútiles" con los escándalos de corrupción y el despilfarro de dinero público, así como una política energética dictada por las eléctricas con las enfermedades y la pobreza energética, y la gestión forestal con las privatizaciones y la pérdida de derechos laborales.
El estudio incluye un ranking de comunidades autónomas en función de su 'Índice de Calidad Ambiental', elaborado con indicadores relacionados con la agricultura, la calidad del aire, las costas, la pesca, la energía y el cambio climático, la protección y la gestión del territorio, y la gestión de los residuos.
Según este índice, ninguna autonomía obtiene una nota de calidad ambiental "muy alta" o "alta". Las que reciben la mejor puntuación son La Rioja, Navarra y la Comunidad de Madrid, seguidas de Extremadura, Castilla y León, Galicia, Andalucía y Cataluña, todas ellas con una calificación de calidad ambiental "media".
A ellas les siguen, por este orden y con una nota de calidad ambiental "muy baja", Baleares, Murcia, Canarias, Castilla-La Mancha, Asturias, País Vasco, Comunidad Valenciana, Cantabria y Aragón.
"Más allá de aprobar o de suspender, todas las comunidades autónomas tienen una calidad ambiental media o baja. Eso quiere decir que tienen una capacidad de mejora importante", indicó Caballero, quien añadió que el informe es "una llamada de atención a las personas a las que votamos cada cuatro años". "Si queremos una sociedad más justa, con más democracia, más transparencia, más participación y más saludable, el medio ambiente importa", apostilló.La contaminación de Madrid provoca 2.000 muertes prematuras
De entre los casos asociados a la destrucción del medio ambiente que Greenpeace ha recogido en el informe porque también tienen nefastas consecuencias para la salud de la ciudadanía destacan la contaminación de la ciudad de Madrid (la quinta peor de Europa, según Barea), donde cada año se producen 2.000 muertes prematuras debido a la polución, y las centrales térmicas de carbón, a las que cada año se asocian medio millar de fallecimientos anuales.
Respecto a la corrupción, Greenpeace recalca que, si bien la costa ha sido el principal escenario donde la destrucción del medio ambiente ha venido precedida de escándalos urbanísticos, estos también se han producido en el interior y que sólo en 2011 se iniciaron 1.754 procesos judiciales relacionados con supuestos actos ilegales de ordenación del territorio y planificación urbana, y se dictaron 408 condenas.
La organización ecologista también destaca los casos de 'puertas giratorias', donde "el más preocupante", indica, está en la propia ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que durante años fue directiva de Fertiberia, "una empresa con el peor historial de contaminación del país".
Por lo que a los recortes medioambientales se refiere, además del retroceso sufrido por la Ley de Costas y los recortes en sectores como la prevención y extinción de incendios, subraya la tendencia actual por la privatización de la gestión del agua, que ya afecta a la mitad de los municipios del país. Además, Greenpeace lamenta que durante estos años sin sequía declarada no se hayan llevado a cabo medidas para paliar sus efectos "cuando con toda seguridad vuelva a suceder".
Respecto a las grandes infraestructuras que suponen grandes impactos medioambientales y luego suponen "un fiasco" que hay que pagar con dinero público, menciona casos como el del almacén de gas Castor, que podría suponer el pago de 1.350 millones de euros al grupo ACS; los 1.500 millones del aeropuerto de Ciudad Real, o los 3.400 millones de las autopistas de peaje.
Además, Greenpeace considera "intolerable" que en torno al 17% de los hogares en España (más de siete millones de personas) sufran pobrezaenergética mientras las empresas energéticas "tienen ingresos millonarios gracias a una política del Ministerio de Industria hecha a medida".Pero la crisis también dejó iniciativas positivas
Por el contrario, Greenpeace ha detectado iniciativas y ejemplos positivos "en un escenario de desmantelamiento generalizado del medio ambiente". Así, en los últimos años "se han multiplicado las movilizaciones ciudadanas, muchas veces exitosas, en defensa del medio ambiente", como las protestas contra el 'fracking', el almacén Castor o las prospecciones de petróleo en el mar.
La ONG indica que también son numerosos los casos en que los propios dirigentes políticos toman la iniciativa y protegen a la ciudadanía de las consecuencias de destruir el medio ambiente, como los más de 100 municipios libres de transgénicos en España o la oposición al 'fracking' de siete gobiernos autonómicos.
Greenpeace hace hincapié en "las iniciativas pioneras del cambio, por la incomprensión que suponen a pesar de sus beneficios para el medio ambiente", y señala proyectos como el sistema de recogida de residuos puerta a puerta en municipios de País Vasco, Navarra y Cataluña, o modelos energéticos 100% renovables como el de la isla de El Hierro (Canarias).
El análisis de Greenpeace también destaca las prácticas de agricultura ecológica y el esfuerzo de las personas que optan por un empleo sostenible y respetuoso con el medio ambiente, a pesar de las muchas trabas y dificultades con las que se encuentran, así como los modelos empresariales verdes que generan miles de puestos de trabajo en sectores como las energías renovables o la pesca sostenible.
"Estamos en un año electoral y esperamos cambios en la forma de hacer política. Pedimos a los políticos que sean elegidos que apoyen cambios fomentando la participación ciudadana en políticas que afecten al medio ambiente, que beneficien a los profesionales que trabajan de manera más sostenible, que se apueste por modelos productivos sostenibles, medidas sobre la contaminación que frenen los riesgos a la salud, un freno a la corrupción y a las 'puertas giratorias', una protección efectiva y real de los bienes públicos, frenar el malgaste de dinero público dedicado a la destrucción del medio ambiente y que las personas estemos protegidas frente a las grandes corporaciones", concluyó Barea.
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