Hacienda obliga a Cifuentes a aflorar 705 millones de deuda por el Metro Ligero

El Ministerio de Hacienda ha obligado a la Comunidad de Madrid a revisar sus cifras de endeudamiento desde el año 2015 y a apuntarse como deuda propia los 705 millones de euros que la Administración Regional tenía a esa fecha aún pendientes de abonar a las empresas concesionarias del Metro Ligero en concepto de contraprestación por la construcción y gestión de esta infraestructura de transporte.

Curiosamente, esta deuda venía figurando de forma explícita bajo el epígrafe de derechos pendientes de cobro contra la Administración en las cuentas que las empresas concesionarias de las cuatro líneas de Metro Ligero que operan en la comunidad entregan año tras año en el Registro Mercantil, sin que hasta la fecha tuviera reflejo alguno en la contabilidad pública autonómica.

Y en esa situación ha permanecido hasta que este año el Comité Técnico de Cuentas Nacionales, el organismo compuesto por el Banco de España, el Instituto Nacional de Estadística y la Intervención General del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, que se encarga de velar por el rigor de la contabilidad pública, ha reparado en la distorsión y ha instado a la Comunidad de Madrid a corregirla. 

La indicación ha obligado al Gobierno de Cristina Cifuentes a revisar al alza sus cifras de endeudamiento desde el año 2015 para reflejar esta nueva carga, con el asterisco de que no se tendrá en cuenta ni por Hacienda ni por Europa a la hora de valorar el cumplimiento por parte de la Comunidad de Madrid de sus objetivos de endeudamiento, según han confirmado a lainformacion.com fuentes de la Consejería de Empleo, Economía y Hacienda. El impacto estimado de su reconocimiento en la deuda regional es de 0,4 puntos del PIB. La deuda de la Comunidad de Madrid ascendía al cierre del segundo trimestre del año a 32.555 millones de euros, según el Banco de España.

El fiasco del Metro Ligero

La asunción por parte de las arcas madrileñas de este endeudamiento extra de más de 700 millones de euros a cuenta del Metro Ligero llega en plena controversia política sobre el asunto. La oposición en bloque de la Asamblea de Madrid afeó la pasada semana al Gobierno Regional la carestía de una infraestructura cara, infrautilizada y en el punto de mira por su posible vinculación con la causa que investiga la financiación ilegal del Partido Popular, la trama Púnica.

La oposición política cuestiona un modelo de transporte que le cuesta cerca de 120 millones de euros al año al presupuesto de la Comunidad y que apenas genera dos millones por la venta de billetes al Gobierno Regional, según sus estimaciones. Desde la Consejería de Transportes del Gobierno Regional se defienden asegurando que los 117 millones de euros que se pagarán este año a las empresas concesionarias no solo cubren el coste del servicio sino también su mantenimiento y la amortización de la construcción de la infraestructura, financiada por las concesionarias, y que el sistema dio servicio a cerca de 16 millones de personas el año pasado.

Con todo, en el Gobierno Regional hay un reconocimiento tácito de que se trata de un proyecto fallido y la pasada semana la consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, Rosalía Gonzalo, anunció formalmente la apertura de un expediente para renegociar el contrato del Metro Ligero Oeste, que gestiona las líneas que conectan Pozuelo y Boadilla del Monte con Madrid. 

La negociación dependerá de la voluntad de las concesionarias que en sus informes anuales reflejan de forma expresa que estos pagos están garantizados por el Consorcio de Transportes Regional y que éste no tiene capacidad para dejar de abonar el pago de la retribución.

La deuda pública y la colaboración público-privada

La Comunidad de Madrid no ha sido la única a la que el Ministerio de Hacienda ha obligado a reformular su cuenta de endeudamiento. El ejercicio de revisión realizado por los técnicos de la IGAE, el INE y el Banco de España ha aflorado 726 millones de euros de endeudamiento autonómico oculto, de los que, en efecto, 705 millones corresponden al Metro Ligero de la Comunidad de Madrid, 16 millones a diferentes proyectos de colaboración público privada del Gobierno de Cataluña y otros 4 millones a iniciativas similares en la Comunidad Valenciana.